El Gobierno de Gibraltar ha presentado una serie de enmiendas al Proyecto de Ley de Prisiones (Enmienda) de 2026con el objetivo de endurecer el régimen de libertad bajo fianza y de penas para las personas condenadas por determinados delitos sexuales contra menores.
La propuesta, remitida por el ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, a la presidenta del Parlamento, introduce cambios en la Ley Penal Procesal y de Pruebas de 2011, especialmente en lo relativo al periodo comprendido entre la condena y la imposición de la pena.
Entre las principales novedades figura la incorporación de un nuevo artículo que establece que, cuando una persona mayor de 18 años haya sido condenada por alguno de estos delitos y la sentencia quede aplazada, solo podrá obtener la libertad bajo fianza si el tribunal considera que no existe una posibilidad real de que se le imponga una pena de prisión o si concurren circunstancias excepcionales. Además, la carga de demostrar esas circunstancias recaerá sobre la persona condenada.
El texto también precisa que las circunstancias personales o económicas habituales, como disponer de tiempo para organizar asuntos personales, no serán consideradas excepcionales. Asimismo, el tribunal deberá motivar públicamente y de forma razonada cualquier decisión de conceder la libertad bajo fianza en estos casos.
Las enmiendas también modifican el régimen de acceso a la libertad condicional, de forma que las nuevas disposiciones se aplicarán a las penas impuestas tras la entrada en vigor de la ley, y no únicamente a las personas condenadas a partir de esa fecha.
Según el Ejecutivo gibraltareño, la propuesta ha sido elaborada por el Ministerio de Justicia tras consultar con distintas instituciones, entre ellas el Director del Ministerio Fiscal (DPP), el Fiscal General y las Oficinas Jurídicas del Gobierno.
El ministro Nigel Feetham ha explicado que estas reformas buscan reforzar la protección de los menores durante el periodo entre la condena y la sentencia, reduciendo el riesgo de reincidencia mediante requisitos más estrictos para acceder a la libertad bajo fianza, aunque manteniendo la discrecionalidad judicial en la toma de decisiones.