El Ministro Principal, Fabian Picardo, ha reiterado hoy en el Parlamento que el Gobierno no puede aceptar el informe recientemente publicado por el anterior Auditor Principal, calificándolo de "defectuoso en su procedimiento, sin base jurídica y sustancialmente engañoso en puntos fundamentales".
Durante su intervención, el Ministro Principal expuso las objeciones más importantes del Ejecutivo a tres secciones concretas del informe: Wildlife (Gibraltar) Limited, la adjudicación de viviendas, y Gibraltar Industrial Cleaners Limited (GIC).
El Gobierno rechazó firmemente las acusaciones de irregularidad en los contratos adjudicados a Wildlife (Gibraltar) Limited, empresa que gestiona espacios públicos como los jardines de Alameda y Commonwealth Park.
El informe del Auditor señalaba posibles conflictos de interés debido a la relación familiar entre el Ministro de Medio Ambiente, John Cortés, y el director de la empresa. El Gobierno respondió que el informe se finalizó sin dar oportunidad real de réplica, lo que vulnera el principio de imparcialidad.
El Gobierno también rebatió las críticas sobre supuestas irregularidades en la asignación de viviendas, recordando que el marco legal actual faculta al Ministro responsable (incluido el Ministro Principal) para ejercer esta función.
El asesor legal del Gobierno concluyó que el informe del Auditor distorsiona el marco legal vigente y pone injustamente en entredicho decisiones legítimas y compasivas.
En cuanto a Gibraltar Industrial Cleaners Limited (GIC), el Gobierno calificó las conclusiones del Auditor como incompletas, desactualizadas y desequilibradas. Las principales objeciones incluyeron la falta de tiempo razonable para responder antes de la publicación del informe.
El asesor jurídico independiente consideró que esta omisión de contexto y reformas comprometía la integridad del informe y recomendó también la retirada de esta sección.
El Ministro Principal confirmó que el Gobierno propondrá al Parlamento una modificación de la moción presentada para incluir la retirada formal de las tres secciones cuestionadas del informe del Auditor Principal, a fin de proteger la integridad institucional y evitar daños injustificados a la reputación de funcionarios y organismos públicos.