El Gobierno de Gibraltar ha publicado el Proyecto de Ley de Prisiones (Enmienda) de 2026, que introduce nuevas medidas para garantizar que los delincuentes condenados por delitos sexuales graves pasen más tiempo en prisión antes de poder optar a salir en libertad, reforzando así la protección de la ciudadanía.
El Gobierno ha optado por actuar a través del sistema de libertad condicional en lugar de modificar las penas, tras un amplio proceso de consultas en el que ha participado el poder judicial local. Los tribunales de Gibraltar siguen muy de cerca el modelo británico en materia de sentencias. Los jueces se apoyan en directrices consolidadas del Reino Unido y en abundante jurisprudencia de Inglaterra y Gales, utilizada tanto por los tribunales de primera instancia como por los de apelación en Gibraltar.
Se asesoró al Gobierno de que establecer unas directrices propias de imposición de penas para Gibraltar en este tipo de delitos sería un proceso complejo, costoso en recursos y con el riesgo de generar mayor inseguridad jurídica y más apelaciones. Por ello, no se recomendó este enfoque al Gobierno. La solución recogida en el Proyecto de Ley busca evitar estos riesgos.
En su lugar, la legislación propuesta aborda la cuestión de la excarcelación anticipada exigiendo que las personas condenadas por determinados delitos sexuales cumplan una mayor parte de su pena en prisión antes de poder optar a la libertad condicional.