Mañana se cumplen 312 años de la firma del Tratado de Utrecht, el acuerdo que selló la cesión de Gibraltar al Reino Unido tras la Guerra de Sucesión Española. Ante la efeméride, el alcalde de Algeciras y Senador, José Ignacio Landaluce, ha pedido a todas las partes que el cumplimiento del nuevo acuerdo que ha de firmarse respecto a Gibraltar tras el Brexit sea más riguroso que el que ha tenido el rubricado en 1713 en Países Bajos.
“Si analizamos el cumplimiento de ese tratado, vigente hoy día hasta que su derogación, que imagino irá implícita en el nuevo acuerdo, el Reino Unido ha violado sistemáticamente los términos acordados, y el Gobierno de España ha fallado en exigir su cumplimiento con la firmeza que el asunto merece. Han pasado más de tres siglos pero ese acuerdo, guste más o menos, está en vigor”, recuerda el senador, antes de añadir que “este nuevo acuerdo terminará convirtiéndose en papel mojado como lo fue el de Utrech”.
El artículo X del tratado fue claro: se cedía “la plena propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas”, pero nada se dijo del istmo, las aguas colindantes ni el espacio aéreo. Pese a ello, el Reino Unido ha expandido sus instalaciones más allá de esos límites. “Primero lo hizo con el istmo, donde construyó un aeropuerto, y luego, perdido el miedo, no sólo ha ocupado todo el terreno existente, sino que se ha dedicado a rellenar el perímetro ganando terreno al mar”.
Además, continúa Landaluce, Gibraltar ejerce control sobre aguas territoriales que no le fueron concedidas. Esto supone no solo una interpretación abusiva del tratado, sino una amenaza permanente para la soberanía española. A esto se suma la creciente internacionalización de la colonia, promovida por el Reino Unido y aceptada con pasividad por algunos gobiernos españoles, lo que refuerza la idea de una “nación de facto” en un territorio que, jurídicamente, no tiene derecho a la autodeterminación según Naciones Unidas.
Otro punto de ese acuerdo es el derecho de reversión. El tratado establecía que, si el Reino Unido decidiera enajenar Gibraltar, España tendría prioridad para recuperar el territorio. Sin embargo, ese derecho ha sido sistemáticamente ignorado. “Peor aún: los intentos de negociación desde el Gobierno central han terminado reconociendo a Gibraltar como interlocutor válido, en lugar de reivindicar de forma activa la soberanía nacional”.
Estos hechos constituyen un incumplimiento crónico del Tratado de Utrecht. La pasividad institucional ante estas violaciones solo ha servido para afianzar una situación injusta e ilegítima. La defensa de nuestra soberanía no puede ser una nota a pie de página en la política exterior. Debe ser una prioridad nacional.
Han pasado más de tres siglos, pero los compromisos siguen vigentes. Y también nuestra responsabilidad con la historia.