Verdemar Ecologistas en Acción considera que el tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido que regula la cooperación nuclear civil en Gibraltar resulta insuficiente para garantizar la seguridad del Campo de Gibraltar, al no contemplar las operaciones militares ni la presencia de submarinos de propulsión nuclear en el puerto del Peñón.
Según explica el colectivo, el acuerdo establece determinados estándares de seguridad y mecanismos de notificación en caso de accidentes nucleares de carácter civil. No obstante, el texto se refiere exclusivamente a materiales nucleares civiles, que previsiblemente corresponden a materiales radiactivos utilizados en el ámbito hospitalario.
Desde Verdemar señalan que este marco no aborda ni regula las operaciones militares, lo que deja fuera de cualquier control o supervisión internacional la presencia de submarinos de propulsión nuclear británicos en Gibraltar.
La organización recuerda que desde el año 2000 más de un centenar de submarinos nucleares han atracado en el puerto gibraltareño, incluyendo intervenciones de gran envergadura como la del submarino británico HMS Tireless, que permaneció durante aproximadamente un año en Gibraltar tras una avería en el circuito auxiliar de refrigeración de su reactor. En total, estas escalas habrían supuesto alrededor de 600 días de reparaciones.
El colectivo también apunta a los problemas de mantenimiento que ha afrontado la flota británica en los últimos años, con reparaciones prolongadas, fallos técnicos documentados y saturación en bases navales como Devonport y Faslane. A su juicio, esta situación podría favorecer el uso de Gibraltar como puerto de apoyo para submarinos con incidencias técnicas.
Verdemar advierte de que, aunque los reactores navales cuentan con sistemas de contención, un eventual accidente tendría un impacto potencial significativo tanto para la población como para el entorno marítimo, especialmente debido a los vientos dominantes de la zona y la elevada densidad de población en la comarca.
A su juicio, aunque el tratado contempla mecanismos de notificación rápida y normas de protección civil, no garantiza la seguridad de la población frente a incidentes de origen militar ni permite inspecciones o controles conjuntos por parte de España o de la propia Unión Europea.
Por ello, la organización ecologista considera que la población del Campo de Gibraltar no está plenamente protegida, al no contemplarse medidas como vigilancia radiológica reforzada, protocolos de información inmediata a la ciudadanía o planes de emergencia específicos ante posibles incidentes nucleares derivados de actividades militares.