El sindicato y el comité de empresa han requerido la intervención de la Subdelegación del Gobierno ante la reducción del dispositivo de seguridad en la planta de Gas Licuado ubicada en la refinería Gibraltar del Grupo Cepsa. CCOO considera esta actuación como un inasumible incremento del riesgo en las instalaciones petroquímicas.
CCOO, a través de su comité de empresa en PROSERUR, ha dirigido un escrito a la Subdelegación del Gobierno en la Provincia de Cádiz con el objeto de trasladarles que desde el pasado día 1 de mayo se reducido el dispositivo de seguridad privada del centro productor de Gas y GLP sito en las instalaciones de Cepsa en el Campo de Gibraltar; sustituyendo a vigilantes de seguridadpor auxiliares de servicio, mucho menos capacitados y con menor grado de competencia en la materia.
El sindicato hace constar que esta instalación surte de energía a gran parte de Andalucía, zona de Levante e Islas Canarias, tratándose de un Subsector Energético que estaría dentro de las Infraestructuras Estratégicas por su volumen y el alcance de su producción.
Los representantes de los trabajadores añaden igualmente y como factor de riesgo la ubicación de esta, que se encuentra anexa a la Refinería Gibraltar, una infraestructura considerada crítica, la cual surte a la planta de materia prima por un circuito de tuberías donde circula el producto en ambas direcciones.
“Es por ello que entendemos que su función es indispensable y que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales; siendo por ello que resulta inaceptable cualquier merma en la seguridad de las instalaciones”, afirmaba presidente del comité de empresa de Prosegur en el Grupo Cepsa, Fernando Budiño.
CCOO ha recordado que las funciones a realizar por el personal de seguridad en estos servicios son las derivadas de un control de acceso, además de custodia de llaves, teléfonos,material, anotación de datos personales, dar a conocer y hacer cumplir las normas de seguridad para su acceso y dentro de las instalaciones, etc.
Por todo ello, desde CCOO han solicitado la intervención de la Subdelegación del Gobierno y que esta cuestión se ponga en conocimiento del departamento correspondiente dentro del Ministerio del Interior para su evaluación porlos responsables de seguridad privada.