Agaden–Ecologistas en Acción ha denunciado al Ayuntamiento de Jimena de la Frontera ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía por el "incumplimiento reiterado de la Ley de Transparencia y de la Ley de Acceso a la Información ambiental" por no responder a dos solicitudes de información ambiental registradas por la organización ecologista y respecto de las cuales han transcurrido "ampliamente" los plazos legales sin obtener contestación alguna.
Según relata la asociación, la primera de las solicitudes fue registrada el 6 de noviembre de 2025 y requería información detallada sobre las licencias municipales concedidas para plantas fotovoltaicas, líneas de evacuación, subestaciones eléctricas e infraestructuras asociadas en el término municipal de Jimena de la Frontera. La segunda fue presentada el 18 de marzo de 2026 y solicitaba información sobre la aplicación de herbicidas en distintos puntos del municipio, incluyendo zonas próximas al río Hozgarganta.
Desde Agaden consideran "especialmente grave" que una administración pública ignore solicitudes de información ambiental relacionadas con asuntos de evidente interés público, como son "el despliegue masivo de instalaciones fotovoltaicas y el uso de productos químicos potencialmente contaminantes" en espacios públicos y en las proximidades de cauces fluviales.
"La organización recuerda que la Ley 27/2006 obliga a todas las administraciones públicas a facilitar la información ambiental solicitada en un plazo máximo de un mes. Sin embargo, el Ayuntamiento de Jimena no solo ha incumplido dicho plazo, sino que tampoco ha comunicado ninguna ampliación, justificación o resolución expresa, manteniendo un silencio administrativo que vulnera los principios más elementales de transparencia y buen gobierno", ha declarado Agaden en una nota de prensa, en la que tacha de "incompatible" la actitud del ayuntamiento del que es alcalde Fran Gómez.
Ante esto, Agaden ha solicitado al Consejo de Transparencia que requiera formalmente al Ayuntamiento para que facilite toda la información solicitada y adopte las medidas oportunas ante este incumplimiento reiterado de las obligaciones legales de transparencia.
La organización concluye recordando que seguirá utilizando todas las herramientas legales a su alcance para garantizar el acceso a la información ambiental y defender el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se gestionan los asuntos públicos que afectan al territorio, al medio ambiente y a la salud de las personas.