Agentes de la Policía Nacional han desarrollado durante los últimos cinco meses una investigación sobre una trama delictiva dedicada al favorecimiento de la inmigración ilegal en la que la cabecilla, una mujer de 65 años de origen peruano, directamente o a través de terceras personas, favorecía la estancia irregular en territorio español de ciudadanos extranjeros, vulnerando así la legislación española de extranjería.
La investigación realizada por la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de La Línea de la Concepción ha permitido descubrir el modus operandi que consistía en solicitar cartas de invitación a familiares y amigos para que pudieran viajar a España y entrar legalmente en el país por los puestos fronterizos habilitados al efecto simulando viajes vacacionales. Además, les sufragaban los billetes de avión y, una vez en territorio nacional, les facilitaban el empadronamiento en dos domicilios de la localidad de La Línea, contrayendo así una deuda de 4000 euros que devolvían trabajando en un establecimiento de alimentación regentado por la principal investigada.
Una carta de invitación es un documento por el cual un español o un extranjero residente legal en España solicita el acogimiento de un extranjero por un período no superior a 90 días, con el compromiso de hacerse cargo de dicha persona durante su período de estancia en el país, y que en ningún caso autoriza a trabajar por cuenta propia o ajena. En total se han detectado 10 solicitudes de cartas de invitación fraudulentas.
A través de la colaboración de la Oficina Municipal del Padrón de La Línea de La Concepción, se han localizado dos domicilios en los cuales la cabecilla ha empadronado, directamente o a través de terceras personas, a un total de 19 ciudadanos extranjeros sin ser el domicilio efectivo de ninguno de ellos.
Asimismo, la principal investigada regenta un establecimiento de alimentación donde ofrecía trabajo a varias de estas personas extranjeras sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, careciendo de Autorización de Residencia y Trabajo. Quedando constatados tales hechos a través de varias inspecciones realizadas conjuntamente con la Inspección de Trabajo de Cádiz.
Cabe recordar que el Código Penal español expone que el que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.
En cuanto a la legislación española en materia de extranjería (L.O. 4/2000 Art. 53.2. C), supone una infracción grave el promover la permanencia irregular en España de un extranjero, cuando su entrada legal haya contado con una invitación expresa del infractor y continúe a su cargo una vez transcurrido el período de tiempo permitido por su visado o autorización, lo que conlleva una multa de 501 € a 10.000 €.