El equipo de gobierno solicitará a la dirección de Caixabank que paralice el cierre de la sucursal de la barriada de Los Junquillos, previsto para el día 13 de diciembre, "continuando con su política de eliminación de sucursales con el objetivo de reducir costes y mejorar beneficios".
Así se contempla en una moción de urgencia, presentada en el pleno de esta semana por el grupo La Línea 100x100, en cuya exposición de motivos plantea la transformación sufrida a lo largo de los últimos años por la banca española con el auge de la banca digital y los procesos de fusión, con una menor presencialidad.
Se expone además que, según los datos del Banco de España, desde la crisis financiera de 2008 hasta el cierre en 2020, más de 23.000 oficinas bajaron sus persianas, casi la mitad de la red, tendencia que ha continuado durante 2021 acelerada por la crisis del coronavirus.
De igual forma, se recuerda el cierre de varias sucursales de diferentes entidades a nivel local en La Atunara, Avenida de España, Plaza de la Constitución y calles Doctor Villar, Gibraltar o Real, enre otras.
Todo lo anterior, pesar que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia ya estableció algunas normas para el cierre de oficinas fusionadas de Bankia y Caixabank, que adoptaron un compromiso para evitar cierres drásticos, consistente en no abandonar aquellos municipios en los que uno de los bancos tuviera una sucursal y no conviviera con otra, es decir que fuese la única opción.
Aunque en Los Junquillos, las entidades fusionadas tienen otras sucursales, el equipo de gobierno sostiene que se trata de una zona desfavorecida, alejada de otras oficinas que quedarán abiertas en la calle Real, avenida María Guerrero y Plaza de Toros, con un alto porcentaje de personas mayores con escasos recursos, a los que la brecha digital les impide acceder no solo a la banca telemática, sino al uso ordinario del cajero automático, “por lo que el objetivo de ganar competitividad y reducir costes no se puede hacer a cualquier precio, especialmente a costa de los clientes con menos recursos económicos y habilidades técnico/informáticas”.
En la moción se citan datos de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, que sitúa a Los Junquillos con una población de 10.879 personas, de las que el 64,03% está en paro; el 16,25% son analfabetos o no tienen estudios; el 51,09% tienen viviendas en mal estado; el 1,29% son inmigrantes, y el 17% son mayores de 65 años de edad y, por tanto, pensionistas, la mayoría clientes de Caixabank.
Por todo lo anterior, se solicita que se paralice el cierre de la sucursal de la calle Andalucía, al menos hasta que la barriada deje de estar considerada como Zona Desfavorecida, según la clasificación de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en Zonas Desfavorecidas (ERACIS).
La moción, que fue aprobada por el pleno, se trasladará al presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri; la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruíz Domínguez; la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; el delegado del Gobierno en Andalucía, y los sindicatos con representación en la entidad; CCOO, UGT y SECB.