La Federación Linense de Asociaciones Vecinales Inmaculada (FLAVI) ha alertado de “una auténtica ola de desahucios” en La Línea y ha lamentado la falta de una política municipal de vivienda por parte del gobierno de Juan Franco. La entidad ha convocado para mañana miércoles 18, a las 10:00 horas, una concentración de urgencia frente a los juzgados de la ciudad, con el respaldo del Sindicato de Inquilinas de Cádiz.
Según la FLAVI, esta situación afecta a más de 100 personas en el municipio. Desde el Sindicato de Inquilinas estiman, además, que cerca de 800 desahucios podrían producirse en toda la provincia tras el fin de la moratoria antidesahucios.
La federación vecinal advierte de que “los casos más graves podrían provocar un significativo repunte de personas sin hogar en la ciudad”, incluyendo familias con menores a cargo. En este sentido, denuncian la falta de actuación por parte de los juzgados y de los servicios sociales municipales en la protección de estas personas. Asimismo, señalan “casos flagrantes” de vulneración de derechos, como desahucios exprés sin asistencia jurídica garantizada, que podrían llegar a instancias como el Tribunal Constitucional.
La problemática no afecta únicamente a colectivos vulnerables. Personas con sueldos medios, incluidos trabajadores públicos, también sufren las consecuencias de un mercado de vivienda tensionado. Desde la FLAVI explican que profesores destinados en la ciudad se ven obligados a abandonar sus viviendas en verano, afrontando mudanzas constantes pese a mantener su plaza el curso siguiente. Sanitarios y policías, añaden, encuentran serias dificultades para acceder a una vivienda, lo que les lleva a compartir piso o residir en otros municipios. Asimismo, cada vez más parejas jóvenes se ven obligadas a abandonar La Línea para iniciar su proyecto de vida en localidades cercanas, lo que, advierten, deteriora el tejido social de la ciudad.
Por su parte, el Sindicato de Inquilinas sostiene que “el mercado actual de alquiler no es capaz de garantizar una mínima estabilidad vital para las personas inquilinas” y calcula que cada verano se producen unas 4.000 expulsiones en la provincia debido a los alquileres de temporada. Consideran que esta modalidad, cada vez más extendida, constituye “un fraude de ley en toda regla”.
La FLAVI también apunta al impacto del denominado “efecto frontera”, agravado por el contexto del Tratado de Gibraltar y la posible desaparición física de la Verja, que, según denuncian, ha acelerado la especulación inmobiliaria. “Todo el mundo sabía que en este contexto los precios iban a subir, ¿cómo es posible que ninguna administración se adelantase?”, se preguntan.
Finalmente, la federación vecinal critica la “no-política” de vivienda del gobierno local tras más de una década. “La situación actual es el mejor ejemplo de una ausencia total de regulación. No existe un aumento significativo de población que lo justifique. Simplemente no hay política municipal ni de rehabilitación ni de construcción”, sostienen. “Se están construyendo apartamentos estacionales como churros y no se está poniendo ni un ladrillo de viviendas sociales”, concluyen.