El alcalde de La Línea, Juan Franco, ve «inviable» jurídica y económicamente que el Ayuntamiento asuma las mejoras salariales y laborales que reclaman las trabajadoras de Ayuda a Domicilio de Asansull y recuerda que estas cuestiones deben abordarse en el marco de la negociación colectiva. Franco ha defendido que el servicio de dependencia cuenta con una financiación insuficiente a nivel andaluz y que las trabajadoras deben contar con mejores condiciones, pero ha insistido en que el Consistorio no tiene competencias para asumir directamente estas reivindicaciones.
Las trabajadoras mantienen sobre la mesa dos demandas principales: la reducción de la jornada laboral de 38 horas y media a 35 horas semanales y el reconocimiento de una paga extra. La sección sindical de UGT convocó un paro de dos horas el pasado 9 de septiembre y mantiene una nueva movilización para el día 23.
Franco ha explicado este viernes el posicionamiento del Ayuntamiento ante el conflicto laboral y ha asegurado que el Consistorio comparte que las trabajadoras de un servicio «tan importante» deben contar con mejores condiciones laborales, económicas y sociales. También ha reconocido que existe un problema de financiación de la dependencia en Andalucía.
Sin embargo, considera que la solución no puede recaer sobre las arcas municipales. «Se está intentando por parte de UGT hacer recaer el solventar la situación sobre las espaldas del Ayuntamiento, cosa que es por completo inviable», ha señalado.
Un convenio andaluz hasta 2027
El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento convocó al Comité de Empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio de Asansull para abordar la situación. A la reunión acudió la sección sindical de CCOO, mientras que las representantes de UGT declinaron asistir al entender que el encuentro debía celebrarse con el Comité de Huelga.
El objetivo, según Franco, era trasladar el posicionamiento municipal y analizar las posibilidades de actuación del Ayuntamiento. El regidor ha recordado además que la posición municipal ya quedó fijada en el SERCLA celebrado el pasado 7 de septiembre.
Franco ha señalado que el Ayuntamiento cuenta con un informe de la Vicesecretaría que establece que las condiciones laborales reclamadas deben abordarse en el ámbito de la negociación colectiva. En este caso, existe un convenio colectivo de ámbito andaluz vigente hasta 2027, negociado entre la patronal y los sindicatos mayoritarios, entre ellos UGT.
El acuerdo contempla una reducción progresiva de la jornada laboral, que actualmente es de 38 horas y media y que pasará a 38 horas para posteriormente reducirse a 37 horas, además de incrementos salariales que, según ha detallado el alcalde, supondrán un aumento acumulado cercano al 23%, con una subida del 8% prevista para 2027.
Por ello, Franco considera que el Ayuntamiento no está habilitado ni tiene competencias para plantear en La Línea una negociación al margen del convenio andaluz.
Más de 3,2 millones de euros
A la cuestión de competencia se suma el impacto económico. El alcalde ha señalado que un informe de Intervención elaborado con los datos disponibles en julio cifraba en más de 3.235.000 euros el coste que tendría para las arcas municipales asumir las mejoras reclamadas.
Además, ha apuntado que la cifra tendría que actualizarse porque el número de trabajadoras ha pasado de 644 a 671, por lo que el coste sería todavía mayor.
Franco considera así que la petición es «completamente inviable jurídicamente, técnicamente y económicamente» para el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento respalda una mesa sobre la financiación
Pese a rechazar que el Consistorio asuma directamente las mejoras reclamadas, el alcalde ha defendido la necesidad de abordar el problema de financiación de la dependencia.
En este sentido, ha respaldado la creación de la Mesa por la Financiación Sostenible de la Dependencia propuesta por Asansull, de la que formará parte el Ayuntamiento. El objetivo es buscar una posición compartida para reclamar a la Junta de Andalucía y al Gobierno una financiación suficiente para garantizar la prestación del servicio y afrontar su evolución.
Franco también ha recordado que en el pleno del pasado mes de julio se aprobaron dos mociones municipales en respaldo del Servicio de Ayuda a Domicilio y del sector de la dependencia y ha avanzado que trasladará el asunto a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar o a la Diputación de Cádiz para buscar posibles soluciones.
Por su parte, la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Zuleica Molina, ha señalado que el Ayuntamiento cumple con lo establecido en el convenio andaluz y ha insistido en la imposibilidad de incrementar las dotaciones económicas previstas para este servicio.