El pleno de noviembre de la Diputación Provincial de Cádiz ha aprobado por unanimidad una proposición de La Línea 100x100 para solicitar medidas que palien las consecuencias negativas derivadas del Brexit en el municipio y que recoge, entre otras cuestiones, un régimen fiscal especial o el incremento de la participación de La Línea en los impuestos del estado.
Javier Vidal, como portavoz del grupo de La Línea 100x100, fue el encargado de defender esa proposición que se centra en reclamar medidas que palien las consecuencias negativas derivadas del Brexit en el municipio linense. Entre otras cuestiones, se pide la aplicación de las medidas contempladas en el Plan de Impulso y Desarrollo de La Línea, promovido por el Ayuntamiento linense, como un régimen fiscal especial, incrementar la participación de La Línea en los impuestos del Estado y en los tributos de la comunidad autónoma. Además, planes de empleo y formación, inversiones en infraestructuras y actuaciones para proteger el litoral linense de los problemas medioambientales derivados de la actividad en el Peñón.
Fue una de las mociones presentadas en la sesión plenaria de este miércoles, 20 de noviembre, que fue aprobada por unanimidad.
La Corporación de la Diputación de Cádiz también ha mostrado su unidad contra la violencia de género con la aprobación del manifiesto conjunto elaborado por las diputaciones andaluzas con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres el 25 de noviembre.
La Diputación de Cádiz se adhiere así al compromiso de “reforzar la coordinación institucional y hacer valer el papel fundamental que los organismos de igualdad de las diputaciones venimos desarrollando contra la violencia machista, prestando especial asistencia al ámbito rural”, “ampliar la atención específica con un enfoque intersectorial, teniendo en cuenta a las mujeres en situaciones más vulnerables, migrantes y refugiadas, de minorías étnicas, con discapacidades, en situación de exclusión social y prostitución” y “desarrollar estrategias para identificar y actuar contra la violencia digital machista”, entre otras medidas.
Otra de las mociones destacadas fue la presentada por el Grupo Popular presentó una proposición relativa a la obligatoriedad de establecer una tasa de residuos a las entidades locales. Agustín Muñoz sostuvo en su exposición que la obligación a las entidades locales de establecer una tasa de residuos es un “ataque” contra la autonomía local. El acuerdo, que se aprobó con el apoyo de PP y La Línea 100x100 y la abstención de IU, insta al Gobierno a respetar esa autonomía y reconocer la libertad de los ayuntamientos de establecer sus propios tributos, así como derogar la obligatoriedad de la implantación de esta tasa en todos los municipios. La proposición recoge otras medidas como la puesta en marcha de un Plan Nacional de Infraestructuras para la Economía Circular y contribuir a sufragar campañas de comunicación de los ayuntamientos para concienciar sobre la separación de residuos.
El Grupo Socialista presentó otra moción relativa a la oferta de Formación Profesional en la provincia de Cádiz. Según expuso la portavoz Ana Carrera, la oferta formativa es “escasa” y “muy insuficiente”, por lo que propuso instar a la Junta a “asumir de forma urgente un plan general de formación para la provincia” y dotar este plan con inversiones en infraestructuras, de manera que se pueda atender la demanda de empleo en sectores estratégicos como los de la piel o el vino. Se aprobó con los votos a favor de PSOE, IU y La Línea 100x100.