El Sindicato de Policía Local de La Línea (SPLL) ha difundido una nota de prensa en la que informa de las alegaciones que ha presentado durante el periodo de información pública del nuevo Acuerdo Regulador del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Las alegaciones, registradas dentro del plazo legal, denuncian que el texto del Acuerdo condiciona el derecho a percibir el 100% de las retribuciones durante la incapacidad temporal a la firma individual de un documento de adhesión a las Unidades Médicas de Valoración de Incapacidades (UVMI), dependientes de la Junta de Andalucía. En la práctica, esta medida obliga al trabajador enfermo a elegir entre proteger su salud o mantener su salario.
“No es una adhesión voluntaria: es una imposición encubierta mediante presión económica sobre personas que ya se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad”, ha señalado el SPLL.
Riesgos para la salud y la seguridad jurídica
El sindicato ha advertido de que la intervención de unidades de control médico ajenas al circuito ordinario de la incapacidad temporal puede generar situaciones de riesgo, como altas médicas prematuras, discrepancias con los facultativos del sistema público, reincorporaciones sin una recuperación suficiente, agravamiento de patologías y un aumento de la conflictividad médica y jurídica.
Estas circunstancias trasladan al trabajador la carga de impugnar decisiones médicas adoptadas fuera del sistema habitual de control, integrado por el INSS, las mutuas y la Inspección Médica del Servicio Andaluz de Salud.
“El SPLL ha recordado que la salud no puede convertirse en una variable económica ni quedar subordinada a objetivos de control del absentismo. Compartimos la necesidad de adoptar medidas eficaces para reducirlo, pero dichas medidas deben ser legales, proporcionadas y no pueden castigar a quienes cumplen con sus obligaciones”, han señalado desde el sindicato.
Un sistema innecesario y contrario al modelo público
Las alegaciones subrayan que la legislación vigente ya atribuye el control de las incapacidades temporales a organismos públicos claramente definidos. La introducción de un control adicional, no previsto en la normativa estatal, resulta innecesaria y jurídicamente cuestionable, generando inseguridad jurídica y un clima de desconfianza hacia los empleados municipales.
Discriminación entre empleados públicos
El SPLL ha denunciado que el sistema aprobado establece una discriminación directa entre trabajadores: quienes acepten el control de la UVMI mantienen sus derechos económicos, mientras que quienes lo rechacen —aun encontrándose legalmente de baja— sufren penalizaciones salariales y la pérdida de derechos consolidados.
Esta diferencia de trato, inexistente hasta ahora, supone, a juicio del sindicato, un retroceso en derechos laborales y vulnera principios básicos de igualdad y proporcionalidad.
Traslado del conflicto a instancias superiores
Ante la gravedad de la situación, el SPLL ha puesto los hechos en conocimiento de la Junta de Andalucía y de la Administración General del Estado, solicitando el ejercicio de sus funciones de control de legalidad sobre el Acuerdo. Ambas administraciones han registrado y admitido las solicitudes, que se encuentran actualmente en fase de análisis jurídico.
Llamamiento a la responsabilidad institucional
El sindicato ha realizado un llamamiento al Ayuntamiento para que rectifique el contenido del artículo 16 antes de su aplicación, con el objetivo de evitar un escenario de judicialización y perjuicios irreversibles para la salud y los derechos de los trabajadores municipales. “Las bajas médicas no son un fraude por defecto. Los trabajadores no pueden ser tratados como sospechosos cuando enferman”, han aseverado.