La diputada de Sumar por Cádiz, Esther Gil de Reboleño, ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de Ley (PNL) que insta a actuar ante la situación de "emergencia social y económica" que vive La Línea de la Concepción, una ciudad que "lleva décadas pagando el precio de ser frontera" y para la que piden que se reconozca con un régimen especial.
Según Sumar, "por primera vez, la iniciativa plantea en sede parlamentaria que La Línea sea considerada una cuestión de Estado, al estar su desarrollo condicionado por un contencioso internacional de soberanía y por las consecuencias derivadas del cierre y reapertura de la verja de Gibraltar".
"La Línea ha sido históricamente una frontera olvidada, víctima de decisiones políticas que se han tomado lejos de su gente. Es hora de que el Estado actúe con responsabilidad y justicia territorial", ha afirmado en una nota Gil de Reboleño.
Asimismo, ha explicado que la proposición no de Ley propone la creación de una Comisión Tripartita entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de La Línea, con mecanismos de participación ciudadana y social, para coordinar un plan integral de desarrollo del municipio.
El texto plantea además la elaboración de un estudio estratégico multidisciplinar, en un plazo máximo de seis meses, que diagnostique las causas de la desigualdad y establezca una hoja de ruta con medidas concretas en materia de empleo, vivienda, infraestructuras, servicios públicos y medio ambiente.
"Queremos que el futuro de La Línea se construya con planificación, datos y participación ciudadana, no con medidas improvisadas ni con parches", ha subrayado la diputada gaditana. La iniciativa incorpora un plan de apoyo a los trabajadores transfronterizos para garantizar la equiparación de derechos laborales y sociales, especialmente en materia de pensiones y prestaciones, y la homologación de títulos profesionales y académicos.
También propone, según ha explicado Sumar, el reconocimiento de la población flotante no censada, estimada en un 30% adicional sobre el padrón, lo que afecta directamente a la financiación que recibe el municipio por parte del Estado y la Junta. Asimismo, incluye la creación de complementos económicos específicos por destino para el personal funcionario del Estado destinado en La Línea (policías, sanitarios, docentes, jueces o personal administrativo), con el fin de frenar la alta rotación y garantizar servicios públicos estables y de calidad.
"Quien trabaja en La Línea lo hace en un contexto de gran presión social y económica. No se trata de privilegios, sino de garantizar derechos y dignidad para su ciudadanía", ha destacado la diputada.
Por último, la propuesta recoge una "preocupación" por una subida del precio de la vivienda como consecuencia de una posible burbuja y propone, para evitar la especulación, medidas que garanticen el derecho a una vivienda digna de la ciudadanía linense. La diputada de Sumar ha subrayado que el reciente acuerdo entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar, con acompañamiento de la Unión Europea, "marca un punto de inflexión" que debe ir acompañado de medidas sociales y económicas.