El grupo parlamentario Vox intentará tumbar el Tratado Fiscal sobre Gibraltar el próximo miércoles, cuando el pleno del Congreso dé el primer paso en el proceso de su ratificación con un debate de totalidad sobre el texto.
Vox presentó en febrero una enmienda a la totalidad en la que reclama que el acuerdo no se ratifique, porque considera que el Gobierno ha conseguido una "victoria ridícula" en materia de control fiscal pero, a cambio, ha debilitado su posición internacional para "lo principal": "recuperar la soberanía" sobre el Peñón.
El Tratado lo firmaron los Gobiernos en marzo de 2019 pero su ratificación se ha retrasado hasta ahora por la disolución de las Cortes, las dos convocatorias electorales y, después, la pandemia del Covid-19, que suspendió la actividad ordinaria de las Cámaras. Si el texto supera el debate de totalidad necesitará el visto bueno de la Comisión de Asuntos Exteriores antes de regresar al pleno y, posteriormente, completar el trámite en el Senado.
En su enmienda, recogida por Europa Press, Vox avisa de que, con este acuerdo, "el Gobierno español ha buscado el control fiscal sobre lo que españoles o residentes españoles hacen en Gibraltar", un "objetivo tributario", mientras que británicos y gibraltareños han pretendido "que Gibraltar sea reconocido como entidad política y se autorice su condición de paraíso fiscal".
De hecho, sostiene que con este acuerdo "España reconoce a Gibraltar y admite, por primera vez en 300 años, la jurisdicción y competencia de las autoridades gibraltareñas" y no solo sobre el terreno cedido en el Tratado de Utrecht, sino "también sobre la mitad sur del istmo que, ilegítimamente, el Reino Unido ha usurpado".
Y añade que, con ese reconocimiento, España debilita su posición internacional de cara a reclamar los "derechos legítimos de soberanía", y da pie a que el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, "reivindique ante Naciones Unidas como 'pueblo' a la población de aluvión gibraltareña".
Para Vox, con este acuerdo el Gobierno ha subordinado lo "principal", la soberanía, a lo "accesorio". "Consentir una colonia en nuestro suelo, aceptando la triste condición de España como país colonizado y a sus ciudadanos en trabajadores discriminados y explotados, que contribuyen a la generación de riqueza y utilidades militares en la colonia a cambio de unas migajas, con la consecuencia de tener que soportar daños medioambientales y riesgos de seguridad que no corresponden a nuestro país", alertan.
Es más, avisa de que "es Gibraltar quien depende económicamente de España y no al revés", de manera que "los 8.000 españoles que trabajan en Gibraltar están siendo utilizados de rehenes". A su juicio, con esta firma España ha perdido la ocasión de hacer valer sus derechos y haber incluido la reclamación de soberanía en las negociaciones del Brexit y también de haber negociado mejores condiciones para los trabajadores transfronterizos y los habitantes del Campo de Gibraltar, de exigir el fin del contrabando de tabaco y del bunkering.