La operación policial contra la empresa de animación Diviértete Animación Espectáculos y otras de la misma propiedad ha inquietado a muchos ayuntamientos del Campo de Gibraltar que contratan habitualmente a esta empresa como organizadora de eventos o como proveedora, bien tras lograr el contrato mediante la adjudicación de un concurso público o por contratos menores. El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, se ha mostrado "tremendamente tranquilo" por la situación ya que el ayuntamiento barreño "cuenta con un órgano técnico no político de contratación" y "porque todos nuestros contratos están publicados en el Portal de Contratación del Estado y son procedimientos licitados y abiertos, los de otros ayuntamientos no lo sé".
La particularidad en el caso del Ayuntamiento de Los Barrios está en que uno de los cuatro detenidos durante la operación policial es Daniel Pérez Cumbre, actualmente en libertad con cargos y hasta hace dos meses era concejal del Ayuntamiento de Los Barrios, del que salió para trabajar con la empresa ahora investigada por la justicia. Sobre este asunto, el alcalde -a instancia del concejal de Contratación, Manolo Muñoz- recordó que este exconcejal no participaba de la mesa de contratación y que hay contratos desde 2022 cuando "no tenía ni intención de abandonar el equipo de gobierno ni de trabajar" para esta empresa de animación. En cualquier caso, incidió en que prestará la máxima colaboración con la Justicia si se le requiere y que ya cuenta con toda la documentación preparada.
El alcalde de Los Barrios se explayó para explicar por qué se muestra tranquilo y cargó contra la oposición. "Nosotros tenemos una forma de trabajar bastante concreta que es ajena a otras situaciones que se puedan dar en otros municipios; contamos con un órgano de contratación técnico, no político, que lo conforman técnicos municipales, en nuestro caso además hay habilitados nacionales y sólo está como político el delegado de Contratación", comenzó su explicación. "Además, hay un miembro rotativo de la oposición, de la corporación municipal que asiste a esa mesa de contratación", añadió.
"Todos los contratos están en licitación, menos algún caso concreto de servicio como el del autobús, pero en el caso de esta empresa todos los contratos son pliegos abiertos a los que pueden acceder cualquier empresa a nivel nacional y están publicados y resueltos en el Portal de Contratación del Estado. Es decir, que cualquier ciudadano se puede meter en el portal y ahí están el número de expediente, objeto del expediente, importe y duración del contrato, y un acta donde se adjudica el contrato y a quién", explicó Alconchel.
Por otro lado, se mostró molesto que "compañeros de corporación estén diciendo que van a crear comisiones cuando esos miembros de esos grupos políticos tienen liberada una persona que gana 24.000 euros para que asistan a esa mesas de contratación y la mayoría de las veces no van". "Si quieren transparencia y participación lo mínimo que tendrían que hacer cuando cobran del ayuntamiento es participar y no generar bulos ni falsas alarmas en la ciudadanía", añadió. Se mostró especialmente crítico con el representantes de Movimiento Barreño, al que tildó de "auténtico mamarracho" por "insultar y generar dudas del proceso de contratación con esta empresa cuando él ha estado como miembro".
Sobre la implicación del exconcejal se limitó a decir que se muestra respetuoso con la Justicia, y deseó a Dani "que le vaya muy bien en el procedimiento y que recupere la normalidad lo antes posible". "Si en la investigación hay que aportar algo, tenemos toda la información desde el mismo día para trasladarla al juzgado en el momento que se nos lo requiera. Máxima colaboración", dijo Miguel Alconchel en rueda de prensa.
Investigación sobre la empresa
Cabe recordar que agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de La Línea de la Concepción detuvieron a principios de esta semana a cuatro personas integrantes de la empresa de animación -entre ellos los propietarios- con sede en Jimena de la Frontera y La Línea, que pasaron ayer a disposición judicial, tras lo que quedaron en libertad con prohibición de salida del país retirada de pasaportes. A los investigados se les imputan presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, delitos contra el derecho de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración clandestina, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Además, el relato policial señala que Diviértete habría obtenido adjudicaciones públicas en distintos municipios andaluces presentando ofertas por debajo del valor base de licitación y que abarataba los costes empleaban a trabajadores extranjeros en situación de especial vulnerabilidad, muchos de ellos en situación administrativa irregular y sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Durante la investigación, gracias a las vigilancias y declaraciones recabadas, la Policía pudo constatar, así lo expresaba en una nota de prensa, "el estado de deterioro de muchas de las atracciones utilizadas por el entramado empresarial, algunas de las cuales han provocado accidentes entre los usuarios".