El pleno sobre la gestión de la plaza de toros de Los Barrios se celebrará este martes, 21 de julio, a las 12:00 horas. Un pleno extraordinario que solicitó el grupo municipal socialista para la aprobación de una comisión de investigación tras las informaciones sobre las imputaciones por presunto delito de prevaricación de Miguel Alconchel y Sara Lobato.
La sesión plenaria ha sido convocada por imperativo legal por parte del secretario del Ayuntamiento, ya que, como indica la ley, si el alcalde no convoca el pleno solicitado en un plazo determinado, será el secretario quien lo haga, un hecho queque ha lamentado el porotavoz socialista. "No entendemos que este pleno no haya sido convocado en tiempo y forma por parte del alcalde y se haya tenido que llegar a una convocatoria obligatoria por parte del secretario", ha trasladado Daniel Perea, que, además, ha sostenido que esta que habría sido una forma de "emostrar que no hay nada que ocultar".
Perea espera que el pleno transcurra con normalidad y que la comisión de investigación sea aprobada. "Entendemos que será votada a favor por todos los grupos municipales y queremos hacer hincapié en que entendemos que comience dicha comisión una vez que, al menos, hayan ido a declarar al juzgado los investigados, con el objetivo de respetar los plazos judiciales", ha apuntado el portavoz socialista.
También espera que el Partido Popular de Los Barrios intervenga y muestre su opinión ante "unos hechos graves y por los cuales aún no se ha pronunciado". "Hemos comprobado cómo el PP barreño tiene predilección por los asuntos judiciales que se dan de Despeñaperros para arriba, pero, para las imputaciones del alcalde y de la teniente de alcalde, así como de la entrada de la UDEF en el Ayuntamiento de Los Barrios, no tienen, por ahora, nada que decir", ha apuntado Perea.
Para los socialistas, que aseguraron que había empresas que celebraban eventos sin pagar las tasas, así como una empresa que utiliza la marca municipal Montera Fórum "sin, hasta el momento, expediente del Ayuntamiento que lo autorice", el inicio de la investigación judicial supone un respaldo al trabajo de fiscalización empleado por su grupo municipal y la confirmación de que, "al menos, existen indicios sólidos que demuestran la existencia de ciertas irregularidades durante todo este tiempo".