El Gobierno y los responsables de las organizaciones sindicales CCOO y UGT han alcanzado un acuerdo para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 15 euros, hasta los 965 euros mensuales en catorce pagas, desde el 1 de septiembre de 2021.
Según explicaba estos días el Ministerio de Trabajo en un comunicado, el Ejecutivo y los sindicatos han avanzado además "en el compromiso para que el SMI, mediante su progresiva revisión en 2022 y 2023, alcance el 60 por ciento del salario medio antes del fin de la legislatura, tal y como determina la Carta Social Europea suscrita por España".
El departamento que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha acordado con los sindicatos la subida del SMI sin el apoyo de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que llevaban semanas diciendo que "no es el momento" de elevar el salario mínimo, dado que la economía española se encuentra en los inicios de la recuperación y la creación de empleo podría verse dañada.
En este sentido, Cepyme publicó esta misma semana un estudio, en colaboración con Randstad, en el que advertía de que situar el SMI en 1.000 euros mensuales en 2022, con un aumento intermedio de 19 euros en 2021, podría destruir entre 60.000 y 130.000 puestos de trabajo hasta 2023.
Los 15 euros que subirá el SMI este año estarán dentro de la horquilla de aumentos de 12 a 19 euros que planteó el Ministerio de Trabajo en la negociación, siguiendo las recomendaciones del comité de expertos que analizó la senda por la que debería transitar esta renta mínima para cumplir con el compromiso del Ejecutivo de llevarla hasta el 60% del salario medio en 2023.
Los sindicatos CCOO y UGT reclamaban un aumento de 25 a 30 euros para este año, aunque se mostraron dispuestos a aceptar una subida menor si el Gobierno se comprometía a situar el SMI en 1.000 euros mensuales en 2022.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llevaba tiempo defendiendo la subida del SMI para este año, fijando como fecha de sus efectos el 1 de septiembre. No obstante, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, había estado afirmando hasta ahora que se aplicaría en el último trimestre de este año.