La fiscal delegada Antidroga en Cádiz y Andalucía, Ana Villagómez, ha valorado positivamente la nueva normativa que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para sancionar el transporte de gasolina —conocido como petaqueo—, al considerar que “cumple las expectativas” al permitir castigar esta conducta de forma independiente.
En una entrevista en Canal Sur, recogida por Europa Press, Villagómez ha explicado que la reforma da cobertura legal a una práctica que la Fiscalía ya venía persiguiendo a través del artículo 568, con decenas de procedimientos abiertos en la provincia de Cádiz, donde se contabilizan entre 80 y 90 casos.
La nueva regulación introduce un apartado específico en este artículo para los combustibles líquidos, estableciendo penas de entre tres y cinco años de prisión. Hasta ahora, estas conductas se encuadraban en delitos relacionados con explosivos o sustancias peligrosas, castigados con penas más elevadas, de entre cuatro y ocho años.
Villagómez ha señalado que, aunque los fiscales ya incluían el petaqueo en este tipo penal, la interpretación judicial no siempre era uniforme, una cuestión que quedó aclarada tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que respaldó este criterio.
Uno de los aspectos clave de la reforma es que no exige demostrar que el combustible estuviera destinado a narcolanchas, algo que en muchos casos resulta difícil de probar. Según ha indicado la fiscal, la norma permite actuar cuando el transporte, la tenencia o el suministro de gasolina se realice en condiciones que generen un riesgo para la seguridad ciudadana.
En este sentido, ha subrayado que en la mayoría de las intervenciones se detecta a personas trasladando grandes cantidades de combustible en vehículos o embarcaciones, sin que se pueda acreditar de forma directa su conexión con el narcotráfico, lo que complicaba su persecución penal hasta ahora.
La fiscal ha destacado que el reconocimiento expreso de esta conducta como delito permite actuar de manera más eficaz, equiparando las penas a otros delitos graves y facilitando la respuesta judicial ante una actividad estrechamente vinculada al entorno del narcotráfico.