El secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, ha manifestado que la puesta en libertad provisional bajo fianza de dos de los cuatro acusados por la muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate en febrero de 2024, "puede enviar un mensaje de impunidad profundamente peligroso, especialmente en un contexto como el del Campo de Gibraltar, donde el narcotráfico ha arraigado con fuerza y violencia".
En una nota, Jucil, asociación mayoritaria en la Guardia Civil, se personó como acusación popular -ahora unificada-- y también como particular en defensa de varios guardias civiles que formaron parte de los hechos del que han denominado como 'caso Barbate'. Así, ante la salida de prisión de dos de los acusados han manifestado "un profundo dolor".
A juicio de Vilariño, "casos como este ponen de nuevo de manifiesto las consecuencias de decisiones políticas desacertadas, como el desmantelamiento del OCON-SUR, cuya desaparición ha supuesto un debilitamiento evidente en la lucha contra el narcotráfico". "Desde entonces, han proliferado las agresiones y ataques a los guardias civiles, culminando en tragedias como la que nos ocupa", ha añadido.
Asimismo, ha manifestado que "no podemos permitir que la muerte de nuestros compañeros caiga en el olvido, ni que dentro de un año estemos lamentando otra tragedia similar".
"El narcotráfico es un problema de extrema gravedad que debe ser combatido con todos los medios del Estado, sin concesiones ni medidas que puedan interpretarse como un paso atrás en esta lucha y desde Jucil exigimos que se imponga todo el peso de la ley sobre los responsables de este crimen", ha concluido.