Tras la multitudinaria manifestación por la construcción de un polígono industrial en la Vega del Moral de Los Barrios se ha agudizado la controversia en torno a la más que posible ejecución del proyecto. Ha dejado de ser un debate estrictamente urbanístico o económico para convertirse en un síntoma preocupante de deterioro del espacio medioambiental que denuncian los vecinos. Lo que debería abordarse políticamente con rigor técnico y altura institucional está siendo arrastrado por una dinámica bien conocida: la proximidad de procesos electorales.
Y aquí conviene ser claros: a ninguno de los grupos políticos parece importarle realmente alcanzar un consenso para encargar un informe jurídico independiente. No ahora. No en este momento. Porque el calendario manda, y cuando se vislumbran elecciones en el horizonte, el incentivo ya no es resolver, sino capitalizar electoralmente el conflicto.
El resultado es previsible y, a la vez, profundamente dañino. Se multiplican los mensajes simplificados, los datos parciales y, en no pocos casos, directamente los bulos. La complejidad jurídica y técnica del asunto se sustituye por consignas. La legítima discrepancia política degenera en polarización. Y lo que es peor: se empieza a trasladar esa tensión al tejido social, generando un clima que puede terminar afectando a la convivencia entre vecinos.
Ese es el verdadero riesgo. No solo qué se construye o se deja de construir, sino cómo se fractura la confianza en el proceso de toma de decisiones y, eventualmente, entre los propios ciudadanos. Haciendo gala cada uno de su mayor o menor defensa real de los intereses de los barreños.
Frente a este escenario, la pregunta sigue siendo pertinente: ¿de qué tienen miedo?
Si realmente existiera voluntad de esclarecer la situación y de actuar conforme al interés general, el camino sería evidente. Bastaría con que todos los grupos municipales, sin excepción, acordaran la contratación de un equipo independiente de expertos jurídicos que elaborase un informe integral, objetivo y ajeno a cualquier presión local o partidista. Es habitual haber escuchado solicitar auditorias externas o incluso ser testigos de la celebración de una consulta popular.
Un informe de esta naturaleza debería aportar claridad en cuestiones esenciales:
- La adecuación del proyecto al marco urbanístico y legal vigente.
- La situación administrativa real de todas las fincas que allí se encuentran.
- El riesgo real de incurrir en prevaricación administrativa ante una posible decisión de una eventual paralización del proyecto.
- La posible responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, incluyendo una estimación cuantificada de los costes que podrían derivarse.
- Las alternativas jurídicamente viables que permitan compatibilizar desarrollo económico, protección del entorno y seguridad jurídica.
- El mapa de litigios previsibles y sus probabilidades de prosperar.
- El impacto global en el interés general, entendido en su dimensión económica, social y ambiental de una forma técnica y no cargada de posibles componentes espurios.
Con un análisis así, el debate dejaría de estar condicionado por el ruido electoral y pasaría a basarse en certezas jurídicas. Y solo entonces tendría sentido abrir un proceso de participación ciudadana real, en el que los vecinos de Los Barrios pudieran decidir con información completa, no filtrada ni manipulada.
Porque apelar simplemente a movilizaciones está dentro del juego de la Democracia pero yo entiendo que debe garantizarse, previamente, un conocimiento riguroso de las consecuencias: es trasladar información objetiva y no contaminada ni por intereses políticos ni económicos a la ciudadanía.
Persistir en la situación actual -sin un consenso para un informe independiente y con un discurso cada vez más polarizado que impregne a la ciudadanía- electoralmente puede dar sus frutos pero dudo mucho que lleve a buen puerto unas actuaciones urbanísticas que perdurarían en el tiempo.
De seguir así las consecuencias son claras: desinformación, bulos, división, enfrentamientos vecinales y aumentar más la ya endémica erosión en la confianza política. Ruido, mucho ruido.
Una información objetiva e independiente, porque para este equipo de gobierno la transparencia parece producirle un prurito muy desagradable, y creo que este sería el camino más adecuado para vislumbrar la situación actual de una forma real y objetiva de este polémico asunto, y a su vez que los ciudadanos tengan un conocimiento jurídico de a lo que se enfrentan. No me olvido de los partidos de la oposición que deberían de dejar de intentar pescar en las aguas del descontento y llegar a un consenso en algo muy simple: contratar a un gabinete jurídico independiente que exponga claramente la situación sin interés de parte.
¿De qué tienen miedo? ¿De perder los votos de gente descontenta? ¿De qué tiene miedo el equipo de gobierno, de que no es todo como lo han explicado?
Se gastan ingentes cantidades de dinero de las partidas presupuestarias en fuegos de artificio electorales, háganlo ahora en algo riguroso y que supondrá la transformación del espacio medioambiental de todos los barreños y que sean ellos los que decidan su futuro, o es que piensan que necesitan ser tutelados como si fueran menores de edad.