Las tres delegadas de personal de la empresa BCM, concesionaria de la Universidad Popular de San Roque, están sufriendo perjuicios y discriminación desde que se convirtieron en legítimas representantes de la plantilla por CSIF. Se trata de una “supuesta persecución sindical, que atenta al derecho fundamental de la libertad sindical, protegida por la Constitución española”, y por ello, con el asesoramiento de CSIF, han tenido que poner el caso en manos de la Inspección de Trabajo y en los servicios jurídicos del sindicato.
El último episodio ha ocurrido hace poco días, cuando la empresa, con el visto bueno del Ayuntamiento de San Roque, ha acometido una reducción de horas, alegando una presunta bajada de las matriculaciones. Es cierto que prácticamente toda la plantilla -unas 35 personas- se ha visto perjudicada por esta reducción, pero las tres delegadas de personal son, de lejos, las más afectadas. Mientras la media ha perdido unas cinco horas a la semana, ellas han visto mermada su jornada semanal en doce horas. Asimismo, CSIF teme que el próximo año se pierdan más talleres y haya trabajadores que se queden directamente sin empleo o tengan que buscar otro adicional para tener unos ingresos dignos que les permita vivir con normalidad.
Ni la empresa ni el Ayuntamiento de San Roque aportan la información, con el listado de alumnos matriculados, que explique y justifique la reducción de talleres formativos y, por tanto, de las horas de trabajo de las empleadas.
Para CSIF, “es lamentable que todo esto ocurra con el beneplácito del gobierno local de San Roque, que ha actuado de manera irresponsable y, habiéndose comprometido hace unos días a resolver el conflicto en una reunión con asesores de este sindicato, ha dejado claro ya que no tiene ninguna intención de mejorar la situación”. “Sentimos que el Ayuntamiento se ha burlado del sindicato y de las trabajadoras elegidas por la plantilla como representantes”, sentencian desde CSIF.
Las reclamaciones de las delegadas de personal, que también han sido denunciadas en la Inspección de Trabajo, van desde diferencias en los pagos de los desplazamientos, la desaparición en la nómina de un plus que cobraban mensualmente todas las monitoras de talleres, la no aplicación de la subida salarial ni del convenio colectivo firmado en 2025, la falta de un plan de riesgos laborales y carencias en formación sobre esta materia, la discriminación a las embarazadas. Y próximamente, también exigirán el reconocimiento de su categoría profesional como profesora de taller, y no de “monitora de taller”, que es la categoría –inferior- a la que están adscritas actualmente, desde hace años.
CSIF ve claro que, desde que constituyeron la sección sindical y fueron elegidas democráticamente como delegadas de personal, la empresa y el Ayuntamiento están actuando contra ellas de mala fe, de manera sistemática, como represalia por su defensa de los derechos de los trabajadores.
Por todo esto, CSIF espera que tanto el Ayuntamiento como la empresa abandonen su actitud, respeten la labor de las representantes de la plantilla y dejen de perjudicar ya no solo a la plantilla sino también a los miles de usuarios que cada año se forman en esta institución tan reconocida en la localidad y su comarca.