El salón de actos del Palacio de los Gobernadores ha acogido en la tarde de este lunes el Pleno Ordinario de la Corporación correspondiente al mes de junio. El punto más destacable ha sido la aprobación de un crédito extraordinario por más de 4 millones de euros procedentes del superávit de ejercicios anteriores, que se destinará a una decena de inversiones en todo el municipio.
La propuesta consistía en incorporar al presupuesto de 2025 parte del superávit que conforma el Remanente de Tesorería para Gastos Generales, con el objeto de financiar distintas inversiones en el municipio. La cifra total es de 4.054.000 euros. Este punto se aprobó con 14 votos a favor, correspondientes a PSOE, Vox y edil no adscrita, y 6 votos en contra de la suma de PP y San Roque 100x100.
Esta cantidad se destinará a una decena de obras y operaciones: escalera de conexión calles Río Pino y Olivo con el Parque El Ejido; adaptación del Colegio Cura Romero para Archivo Municipal; reurbanización y mejora del barrio Simón Susarte; regeneración del Mirador José Domingo de Mena y Parque de Los Cañones; parque infantil Alcaidesa; gastos de formalización, modificación y cancelación de operaciones financieras; tres residencias de mayores; mejoras en parque y zonas verdes Villa Victoria de Puente; carril bici de Guadiaro; rehabilitación Avenida Las Plameras; y un centro de formación homologado en Huerta Varela.
Un millón se destinará a las tres residencias de mayores que se construyen en San Roque Ciudad, Puente Mayorga y Estación, con el que se podrá afrontar los gastos generados por cambios en los proyectos o por actualizaciones de precios.
Más de 400.000 euros, para comenzar una actuación en la zona del Mirador Poeta Domingo de Mena, conocido como Los Cañones, una obra que, desea el alcalde, “permita contar en un futuro próximo con un parking” para San Roque ciudad.
También se va a acometer la construcción de un nuevo parque infantil en Alcaidesa, que se sumará a los 32 ya existentes en el municipio. En este suplemento de crédito se contempla la primera anualidad de la obra, un espacio que pretende Ruiz Boix que sea emblemático y un punto de reunión de muchas familias.
Con su aprobación inicial, este expediente pasará a exposición pública por un plazo de quince días, durante los cuales se podrán presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante ese plazo no se hubieran formulado reclamaciones. En caso contrario, se llevarán a Pleno para resolverlas.
Una vez finalizado el Pleno Ordinario de junio, el primer edil sanroqueño, Juan Carlos Ruiz Boix, ha resaltado dos cuestiones entre las que se trataron en la sesión. Por un lado, que el Ayuntamiento va a poder disponer este año de algo más de 4 millones de euros para acometer inversiones como la finalización de las tres residencias de mayores y un nuevo parque infantil en Alcaidesa, unos fondos procedentes del Remanente de Tesorería de años anteriores.
También se refirió a la delegación al Servicio Provincial de Recaudación de la inspección del Impuesto de Actividades Económicas, con el objetivo de actualizar el padrón y poder disponer de más recursos en próximos ejercicios.
En cuanto a la delegación de la inspección del IAE al Servicio Provincial de Recaudación, explicó el alcalde que la baja fiscalidad que disfrutan las familias sanroqueñas, con impuestos en mínimos legales como el IBI y el sello del coche, o servicios muy baratos como las pistas de pádel o la Universidad Popular, es posible gracias a los “ingresos empresariales muy elevados” que recibe el Ayuntamiento de San Roque.
Recordó que la industria pesada que se concentra en el municipio genera efectos negativos a la población, como ha ocurrido en días pasados con las antorchas. Por ello, señaló Ruiz Boix que los tipos de la contribución que paga la industria (BICES) están “en el máximo” en San Roque, y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), por el que tributan las empresas con más de 1 millón de euros de cifra de negocio, también “es más elevado que en el resto de la comarca”.
Añadió que, al encomendarse al Servicio Provincial de Recaudación la inspección de estas empresas, se profundiza en los principios de justicia y equidad tributaria, ya que se pretende conocer la situación actual de las empresas respecto a inversiones y bienes, para actualizar las cantidades que tienen que pagar.