La Asociación de Vecinos Cuartón Parque ha lamentado que la situación que se ha producido después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que daba la razón a la empresa propietaria de la urbanización y obliga al Ayuntamiento de Tarifa a obtener y asumir las calles y zonas verdes de esta urbanización mediante su expropiación.
Para los vecinos del Cuartón, el Ayuntamiento de Tarifa ha venido actuando de forma "negligente" durante más de 30 años, siendo advertido por el Defensor del Pueblo Andaluz desde el año 1993 en distintos expedientes, del coste que para las arcas públicas supondría, y del atentado contra todas las normas superiores que, con esta dejación urbanística, se estaban cometiendo.
Esta negligencia que no es otra que, a pesar de no estar construida la urbanización, en 1995 otorgó la clasificación de suelo urbano, y en el año 2010 en la adaptación del Plan General a la nueva Ley de Ordenación urbanística de Andalucía (LOUA), y sin estar construida la urbanización, le otorgó el grado de urbano consolidado.
"El Ayuntamiento, responsables políticos y funcionarios públicos habidos desde el año 1983, ni promovieron la terminación de la urbanización ni reclamó al responsable, a su dueño, con el objeto de la obtener y asumir las calles y zonas verdes, y habiendo transcurrido el plazo que la nueva Ley le otorgaba para obtenerlas, y ahora se le da la razón a dicho propietario a solicitar su expropiación, es decir, a recibir un justiprecio de la administración urbanística responsable: el Ayuntamiento de Tarifa", han denunciado los vecinos.
"Ahora unas calles y servicios públicos que debían obtenerse gratuitamente ahora hay que pagarlas, y mayor perjuicio sin estar construidas ni terminadas. Pagarlas con dinero público, de nuestros impuestos, dinero que irá de menos a la educación, a la sanidad pública o a los servicios sociales y municipales. ¿a quién, o a quienes, hay que pedir responsabilidades en este caso?", se han preguntado desde la Asociación.
"No todo es dinero, también es el agotamiento moral y económico de docenas de pleitos y demandas, y del malestar entre los vecinos, quienes vinieron a vivir con una seguridad jurídica y urbanística que han sido quebrantadas por el Ayuntamiento de Tarifa y por otros vecinos que han forzado el régimen jurídico para pretender subrogar a todos en los costes de conservación de la urbanización", han continuado.