Agaden Ecologistas en Acción Cádiz ha manifestado su "profundo desacuerdo" y oposición con el proyecto de planta de almacenamiento energético en el Valle de la Luz (Tarifa), que contempla una inversión de 100 millones de euros. El grupo ecologista ha asegurado en una nota de prensa que presentará alegaciones y pide al Ayuntamiento de Tarifa que lo rechace por ser "inadecuado e innecesario en este emplazamiento".
La asociación se opone al proyecto de planta BESS La Palmosilla por varios motivos. Entre ellos, que se plantea en "una ubicación inadecuada", dentro de un espacio de altísimo valor ecológico y sociocultural, al situarse en el Valle del Santuario de la Luz. Según Agaden, "se trata de un paso más en la industrialización de dicho valle", reconocido en el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar (POTCG) como Zona de Interés Territorial, cuyos valores paisajísticos, culturales y espirituales se verán "destruidos de manera irreversible" por una instalación con una vida útil de apenas 20-30 años.
El proyecto prevé construir la planta de almacenamiento energético a tan solo 40 metros del Parque Natural de Los Alcornocales y en la zona de conexión ecológica con el Parque Natural del Estrecho. El grupo critica que las representaciones gráficas difundidas ofrecen una "visión idílica e irreal", ocultando el impacto real de una instalación que ocupará más de 5 hectáreas, con 256 baterías del tamaño de contenedores marítimos y una infraestructura de carácter claramente industrial. Para Agaden, resulta "incomprensible" que una obra de este tipo, que "no necesita ubicarse en enclaves tan sensibles", se sitúe en un entorno de alto valor ambiental, paisajístico y cultural.
Asimismo, Agaden considera que se trata de "una actuación desproporcionada", con una inversión de 100 millones de euros, una vida útil de apenas 20 años y la incertidumbre de cómo se devolverán las tierras a su estado natural. En su opinión, la planta hipoteca de manera definitiva un entorno de altísimo valor ecológico, paisajístico y cultural, a cambio de beneficios energéticos transitorios y cuestionables.
Por último, los ecologistas denuncian que la empresa promotora resalta la inversión de 100 millones de euros, pero omite un aspecto clave: no aclara cuántos fondos procederán de subvenciones públicas. Según la organización, "la ciudadanía tiene derecho a saber si se pretende financiar con dinero público un proyecto que genera graves impactos ambientales y territoriales en un entorno protegido".