El Ayuntamiento de Tarifa contará próximamente con un Protocolo de Acoso Laboral, que actualmente se está ultimando antes de pasar por el pleno municipal. Una reciente sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Algeciras condenó al Consistorio a indemnizar con 35.000 euros a Jorge Benítez, actual primer teniente de alcalde, por el daño moral causado debido a un accidente laboral en 2015, cuando era policía local. El juzgado consideró en la sentencia que el Ayuntamiento no cumplió (en 2015) con su deber de prevención de riesgos laborales, al "no disponer de un plan adecuado a las circunstancias del caso". Diez años después, el actual equipo de gobierno viene trabajando en un borrador final de este protocolo que, en próximas fechas y tras ser ratificado por los sindicatos, se llevará al pleno.
Contar con un protocolo de acoso laboral era una de las tareas pendiente en el Ayuntamiento de Tarifa y un compromiso del actual equipo de gobierno formado por Partido Popular y Nuevos Aires Tarifa. La responsabilidad recaía en la concejal de Servicios Sociales, Educación Igualdad, Participación y Capital Humano, Rocío García Pichardo (PP), que junto a su equipo ha tenido que partir de cero para la elaboración de este protocolo, que contempla tanto riesgos físicos como psicosiciales.
Un borrador de este protocolo se registró el pasado diciembre y, posteriormente, se dio trasladado a los sindicatos para su revisión y aportaciones. En este proceso, se ha dado margen a los representantes sindicales del Ayuntamiento para realizar correcciones y mejoras. A finales de febrero se llevó a cabo una reunión para ratificar el texto antes de pasar a la sesión plenaria.
El protocolo de acoso laboral es un mecanismo fundamental dentro de la administración pública, ya que permite la activación de procedimientos internos para resolver situaciones de riesgo o incidencia. Con la implementación de este plan, se busca garantizar un ambiente laboral seguro para todos los empleados del Ayuntamiento de Tarifa, previniendo posibles enfrentamientos o conflictos que puedan derivar en situaciones de acoso o agresiones.
Comisión de atención al acoso
Este protocolo recoge un procedimiento de actuación en casos de acoso que incluye la creación de una Comisión de Atención al Acoso Laboral. Esta estará formada por cinco personas empleadas públicas, designadas por su competencia o formación. La designación y destitución de estos miembros, que tenderá a ser paritaria, se realizará por el alcalde a propuesta del Comité de Seguridad y Salud.
Las funciones de este grupo de personas que forman la comisión son recibir las denuncias por acoso en el ámbito laboral; informar a la persona denunciada sobre la existencia de la denuncia y darle audiencia; prestar asesoramiento, informando a las personas interesadas sobre sus derechos y obligaciones, procedimientos previstos en este protocolo, etc.; verificar los hechos recogidos en la denuncia, al objeto de decidir si procede o no tramitar procedimiento alguno; y tramitar la denuncia y, en su caso, elaborar el informe de valoración con las conclusiones de la investigación que servirá de base para que el responsable de Recursos Humanos dicte resolución definitiva.