Agaden-Ecologistas en Acción ha saludado la decisión de la Fiscalía de Medio Ambiente del Área de Algeciras de interponer una denuncia penal, según señala la organización, por los vertidos de aguas residuales sin depurar que han afectado "gravemente" a la playa de Atlanterra, en Tarifa.
En un comunicado, los ecologistas indican que el pasado 22 de julio de 2024 presentaron una denuncia ante dicha Fiscalía alertando de vertidos continuados procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Atlanterra, que se estaban vertiendo directamente al mar sin el tratamiento adecuado.
Estos hechos, según lo establecido en los artículos 325 y 326 del Código Penal, incide Agaden, "podrían constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, al implicar la emisión de sustancias contaminantes que dañan gravemente los ecosistemas y suponen un riesgo para la salud pública".
Como consecuencia de esta situación, la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha continuado relatando la organización, "se vio obligada a decretar la prohibición del baño en un tramo de cien metros de la playa (50 metros a cada lado del punto de vertido), ante el evidente riesgo sanitario para la población usuaria de la zona".
"Un informe técnico del Instituto Nacional de Toxicología ha confirmado que este tipo de vertidos fecales, insuficientemente depurados, pueden tener un impacto muy negativo sobre el medio marino y representar un riesgo considerable para la salud, especialmente cuando se producen de forma continuada en áreas recreativas como las zonas de baño", ha señalado también la organización.
Tras meses de investigación, explica, "la Fiscalía ha determinado que existen indicios suficientes de responsabilidad penal y ha trasladado el caso al juzgado competente mediante la presentación de una denuncia criminal, abriendo así la vía judicial para depurar responsabilidades y exigir medidas correctoras".
Desde Agaden-Ecologistas en Acción se considera esta actuación "un paso fundamental" para hacer cumplir la normativa ambiental vigente, "evitar que situaciones similares se repitan en el futuro y establecer las responsabilidades empresariales, técnicas y políticas derivadas de unos hechos de extraordinaria gravedad".