El nuevo decreto de la Junta de Andalucía para la regulación de la vivienda protegida (VPO) ha generado un fuerte rechazo en Tarifa, donde el PSOE local denuncia que las medidas aprobadas no ampliarán el acceso a las familias vulnerables, sino que lo dificultarán aún más.
Según la nueva normativa, podrán optar a estas promociones hogares con ingresos de hasta 58.000 euros al año, lo que supone más de 4.000 euros mensuales. Una cifra muy alejada de la realidad económica de Tarifa, donde la renta media bruta apenas alcanza los 25.000 euros anuales.
Para los socialistas tarifeños, esto supone que personas con ingresos muy superiores a la media local podrán acceder a viviendas protegidas “diseñadas originalmente para quienes menos tienen o no pueden permitirse una vivienda de renta libre”. En consecuencia, advierten, las familias trabajadoras seguirán sin acceso efectivo a alternativas habitacionales.
Otro de los puntos más controvertidos del decreto es la reducción del período mínimo de protección de las VPO: de 30 años a solo 7. El PSOE de Tarifa alerta de que esta medida facilita que compradores con rentas altas adquieran viviendas protegidas y puedan venderlas a corto plazo, abriendo así la puerta a “un mercado claramente especulativo que destruye el sentido original de las VPO”.
A ello se suma la posibilidad de transformar suelos no residenciales (turísticos, de oficinas u otros usos) en suelo destinado a VPO sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico, lo que consideran “una herramienta hecha a medida para operaciones con evidente sesgo especulador”.
Mientras tanto, la situación de la vivienda en Tarifa continúa marcada por la falta de ejecución y proyectos bloqueados:
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55 viviendas en Albacerrado, paralizadas por una doble inmatriculación. El PSOE afirma que existe una alternativa viable para desbloquear la situación, pero el gobierno local no ha dado pasos adelante.
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30 viviendas en El Olivar, listas para avanzar, pero sin respuesta municipal.
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97 viviendas del Matadero, anunciadas repetidamente como inminentes: actualmente solo cuentan con el proyecto básico y de demolición. No hay proyecto de ejecución ni financiación garantizada.
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Solo existen 3 de los 11 millones necesarios, procedentes de fondos estatales gestionados por la Junta, que deben ejecutarse antes de 2026 para no perderse.
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76 viviendas protegidas en el sector promovido por Metrovacesa, cuyo proceso de urbanización el actual gobierno local (PP y NAT) aún no ha iniciado.
Ante este panorama, el PSOE de Tarifa reivindica un modelo urbanístico centrado en la protección social y en garantizar el acceso real a la vivienda, alejándolo de la especulación. Acusan al nuevo decreto de la Junta de abrir el mercado de VPO a rentas altas y perpetuar la exclusión de las familias tarifeñas que más necesitan apoyo público.