La Asociación de Empresas de la Costa de Cádiz (Aecca) ha alertado de la situación que atraviesan una veintena de chiringuitos de Tarifa y Rota, que podrían verse obligados a finalizar su actividad y desmontar sus instalaciones una vez concluya la temporada de verano.
El origen se encuentra en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que anula la modificación de la concesión a un chiringuito de la provincia que permitía mantener sus estructuras fijas sobre la arena durante todo el año. El fallo estima así el recurso interpuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica, lo que pone en riesgo a 24 establecimientos de la costa gaditana, con especial incidencia en municipios como Tarifa.
El presidente de Aecca, Antonio Guerrero, ha lamentado la situación y ha mostrado su confianza en que pueda revertirse tras la reunión prevista para el próximo 2 de julio con el secretario de Estado del Ministerio. Guerrero espera encontrar una postura “más receptiva” y que se escuche al sector, al que ha definido como quienes conocen de primera mano “cómo son los chiringuitos” y la realidad diaria de la playa.
Desde la asociación recuerdan que la situación se remonta a 2014, cuando se modificó la normativa de Costas para permitir que los establecimientos desmontables de playa pudieran abrir durante todo el año, favoreciendo así la desestacionalización del turismo en la provincia de Cádiz.
Según ha explicado Aecca, la sentencia considera que faltó una ronda de consulta entre la Junta y el Gobierno en el procedimiento administrativo, al tratarse de establecimientos considerados fijos. Sin embargo, Guerrero defiende que los chiringuitos afectados son desmontables, ya que pueden retirarse al final de su vida útil y desaparecer del litoral, a diferencia de otras construcciones realizadas con materiales de obra.
La asociación considera que esta interpretación genera una “inseguridad jurídica terrible” para los empresarios, al poner en duda sus inversiones, la continuidad de sus negocios y la estabilidad de sus trabajadores. Guerrero ha denunciado además que el sector está pagando las consecuencias de un conflicto entre administraciones.
Aecca ha dejado claro que, si no se alcanza una solución, tomará las medidas oportunas para evitar que estos negocios tengan que ser desmantelados al finalizar el verano.