La plataforma ciudadana 'Tarifa No Se Vende' ha denunciado públicamente la situación generada tras la demolición de la antigua Escuela del Congo, un espacio que albergaba la sede de diversas asociaciones de salud del municipio, en el marco del proyecto para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) en Extramuros.
El colectivo sostiene que la actuación responde a una gestión municipal que, a su juicio, ha generado incertidumbre sobre el futuro del proyecto de vivienda protegida, además de provocar la pérdida de un espacio que prestaba servicios a vecinos y colectivos locales.
Según explica la plataforma, a finales de diciembre se procedió al desalojo y demolición del edificio, una actuación que se justificó por la necesidad de avanzar en el proyecto residencial. Sin embargo, el colectivo cuestiona la urgencia de la medida y asegura que el ritmo actual de las obras no compensa el tiempo transcurrido desde el inicio del proceso.
La entidad considera además que resulta contradictorio eliminar un espacio que estaba en funcionamiento a cambio de un proyecto que, según señala, tendría dificultades para cumplir los plazos previstos para mantener la financiación europea. En este sentido, apunta que el movimiento de tierras comenzó en la última semana de diciembre y que el objetivo de completar 59 viviendas antes de junio de 2026 resulta "materialmente imposible".
La plataforma también hace referencia a la posible prórroga de 18 meses que se estudia en el Parlamento Europeo para proyectos financiados con fondos europeos, aunque advierte de que incluso en ese escenario el margen sería reducido para completar una promoción de estas características.
Asimismo, el colectivo critica los argumentos del equipo de gobierno municipal y considera que factores como la meteorología o los trámites administrativos no pueden justificar los retrasos acumulados en la ejecución del proyecto.
Por todo ello, 'Tarifa no se vende' reclama al Ayuntamiento que cumpla los compromisos adquiridos con las asociaciones desalojadas y que asuma responsabilidades por una planificación que, según defiende el colectivo, ha priorizado el proyecto urbanístico frente a los servicios que prestaban estas entidades a la ciudadanía.