Bajo el lema 'Si nos echan de las casas, nos veremos en las calles' la plataforma ciudadana 'Tarifa no se vende' reivindica Tarifa para vivir, dos meses después de que estallara una protesta vecinal en cadena que obligó al ayuntamiento a paralizar el convenio urbanístico con la empresa marbellí GranParcela. La concentración tendrá lugar este sábado 9 de noviembre a las 12.00 horas en el paseo de la Alameda.
La plataforma ciudadana manifiesta que las dificultades y los obstáculos para acceder a una vivienda en condiciones dignas son de sobra conocidas en Tarifa, porque no son nuevas. "Provocan situaciones realmente dramáticas, con hasta tres generaciones de una misma familia viviendo en un mismo piso. Además, los suelos y las casas que no se destinan a vivir, en su mayoría se destinan a la especulación urbanística e inmobiliaria, que en Tarifa, por sus características, va de la mano de la turistificación masiva e imparable del pueblo cuyas consecuencias negativas ya llevamos tiempo padeciendo una mayoría importante de tarifeños y tarifeñas", señala.
'Tarifa no se vende' quiere remarcar que por definición no está en contra ni a favor de ningún partido, ni por supuesto su estrategia es la de confundir a la ciudadanía, ni sus herramientas son los bulos y las mentiras. Se trata de un movimiento netamente ciudadano que necesita todo el apoyo de todas las organizaciones políticas. Todas sin distinción y sin fisuras tienen que hacerse cargo de lo que ya es un clamor social: la vivienda es un derecho, la vivienda no es un bien de mercado. Las multitudinarias manifestaciones celebradas en apoyo al derecho a la vivienda por toda la geografía española lo demuestran. Y Tarifa, la segunda ciudad con la vivienda más cara de toda Andalucía, no podía quedarse atrás si de reivindicar la vivienda como derecho se trata.
En este sentido, con el objeto de plantear medidas concretas, la plataforma exige la puesta en marcha de cuatro medidas que se pueden materializar inmediatamente. En primer lugar, modificar las ordenanzas municipales para que todas las promociones de vivienda privada que se construyan desde ya reserven el 60% para viviendas públicas en régimen de alquiler. En segundo lugar, crear una bolsa de vivienda de alquiler público y de alquiler asequible, con el Ayuntamiento como garante, que permita ingresar en el mercado de alquiler de larga duración viviendas privadas con seguridad para los propietarios. Por otra parte, limitar las viviendas con fines turísticos para frenar la especulación inmobiliaria y la turistificación masiva del pueblo. Y por último, exigir unánimemente a la Junta de Andalucía que aplique la Ley de Vivienda en toda su extensión para poder declarar a Tarifa zona tensionada y limitar los precios de los alquileres.