Unidas Podemos por Andalucía ha registrado una proposición no de Ley en el Parlamento de Andalucía instando al Consejo de Gobierno a "adoptar, antes de que finalice 2021, protocolos de obligado cumplimiento que garanticen la revisión y ampliación de la capacidad o en su caso, sustitución, de los transformadores sometidos a sobrecarga", para evitar accidentes como el ocurrido hace cuatro años en el hotel 100% Fun de Tarifa, que ocasionó la muerte a dos de sus trabajadoras y graves heridas a otros seis empleados.
En un comunicado, la portavoz del grupo parlamentario, Inmaculada Nieto, ha registrado esta proposición, que será abordada en la Comisión de Hacienda y Financiación Europea. Asimismo, ha indicado que la iniciativa da continuidad a la intensa campaña de recogida de firmas puesta en marcha por la asociación de víctimas y familiares del accidente en el 100% Fun para el esclarecimiento de lo ocurrido.
Nieto ha manifestado que "ha llegado la hora de que la Junta de Andalucía haga cumplir la ley a Endesa y el resto de transformadores, que no son pocos, y que están en Andalucía en régimen de sobrecarga sean revisados convenientemente, actualizados y mejorados para garantizar que operan de manera segura y que no se vuelva a vivir una tragedia como la que hace cuatro años sacudió Tarifa y que ahora tiene muchas secuelas para quienes padecieron el accidente".
En la exposición de motivos recuerda que las conclusiones periciales de la investigación ponen en evidencia que "el transformador en cuestión estaba sometido a un régimen de sobrecarga severo desde el año 2013, sin descartarse que dicha situación pudiera remontarse al año 2009" y añade que "la sobrecarga se producía prácticamente a diario durante el periodo estival, llegando a alcanzar factores de carga por encima del 175% en los momentos de mayor demanda".
"Esta trágica explosión, por tanto, pudo evitarse", ha afirmado Nieto, que ha añadido que "todo indica que Endesa no realiza los preceptivos análisis de capacidad de sus activos para garantizar las condiciones de seguridad previas al permiso de enganche de cada nuevo peticionario", al igual que "tampoco la administración autonómica, competente para ello, cuenta con un protocolo que fiscalice el cumplimiento de la empresa distribuidora de sus obligaciones en este sentido".