Verdes de Europa-Tarifa ha anunciado la presentación de un recurso contra el proyecto de instalación de una planta de almacenamiento con baterías de 200 MW prevista en el paraje del Valle de la Luz, en Tarifa, al considerar que la transición energética "no puede hacerse a costa de la biodiversidad".
La formación ecologista recuerda que ya solicitó en mayo de 2026 la paralización del proyecto ante el Ministerio para la Transición Ecológica al entender que contradice una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2023 relacionada con la protección ambiental.
Según explica el colectivo, el proyecto inició su tramitación en 2022 y obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental favorable en 2024. Posteriormente, en junio de 2026, recibió la autorización para la construcción de la instalación.
Verdes de Europa sostiene que la planta se ubicará en una zona de alto valor ecológico, considerada estratégica para la migración de aves entre Europa y África. Entre las especies presentes en el entorno cita al alimoche, catalogado en peligro de extinción, así como al águila perdicera, el aguilucho cenizo y distintas especies de murciélagos protegidos.
La formación critica que la autorización se haya concedido pese a que, según afirma, todavía están pendientes medidas correctoras, estudios complementarios y actuaciones compensatorias, lo que a su juicio vulnera el principio de precaución ambiental.
Asimismo, cuestiona la evaluación realizada sobre los efectos acumulativos derivados de la concentración de infraestructuras energéticas en el entorno de Tarifa, una zona que en los últimos años ha registrado un importante desarrollo de proyectos vinculados a la producción y evacuación de energía.
La portavoz de Verdes de Europa-Tarifa, Rosmarie Hennecke, considera que la resolución parte de la idea de que el entorno ya está transformado por la actividad humana y que, por ello, nuevas infraestructuras tendrían un impacto limitado. A su juicio, este planteamiento favorece una acumulación progresiva de instalaciones que incrementa la presión sobre el territorio y el medio natural.
El grupo también sostiene que la resolución no tiene suficientemente en cuenta la Estrategia Europea para la Protección del Suelo 2030 ni la normativa comunitaria relacionada con la vigilancia y resiliencia del suelo.
Entre los aspectos que cuestiona figura la ocupación de más de cinco hectáreas de terreno, los importantes movimientos de tierra previstos para adaptar la parcela y la modificación de la orografía natural del entorno.
Además, Verdes de Europa advierte de que el proyecto podría implicar riesgos relacionados con incendios, explosiones, seguridad y gestión de residuos, por lo que considera necesario revisar la autorización concedida y garantizar que cualquier desarrollo energético sea compatible con la conservación del patrimonio natural de la zona.
La formación ha anunciado además que estudiará solicitar una investigación ante la Comisión Europea sobre el uso de fondos comunitarios y el cumplimiento de los objetivos ambientales y sociales establecidos por la Unión Europea.