El sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) denuncia ante la Inspección de Trabajo los riesgos para el personal funcionario derivado de las obras de la Ciudad de la Justicia.
Desde la organización les resulta «incomprensible» la ejecución de una obra de tal calado mientras se mantiene el normal funcionamiento de los órganos judiciales allí ubicados. En este sentido, el sindicato señala que, al inicio de las obras, ya advirtió a la Administración competente de la necesidad de una planificación preventiva que garantizase la seguridad de los trabajadores mientras se ejecutan las obras, «sin que, hasta la fecha, se haya recibido información ni respuesta alguna».
Desde el sindicato aseguran que, desde el comienzo de las obras han sido recurrentes las quejas del personal de justicia allí ubicado, trasladando su preocupación por las vibraciones del edificio y el alto nivel de ruido, a lo cual se ha sumado la aparición de desperfectos en la estructura, como grietas y posibles deficiencias en techos que hacen temer incluso desprendimientos en determinadas zonas de las dependencias judiciales.
La situación afecta, especialmente, al personal funcionario que presta servicio en el edificio de la Audiencia Provincial, así como a parte de los órganos judiciales de lo Social, de la jurisdicción de ejecución de títulos no judiciales y del Instituto de Medicina Legal, que continúan desarrollando su actividad ordinaria mientras avanzan los trabajos de una construcción de enorme envergadura.
Por todo ello, el sindicato STAJ ha presentado este lunes 9 de noviembre una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz, por el riesgo notorio que supone para la integridad y seguridad tanto para el personal trabajador de los órganos judiciales como para las personas usuarias del Administración de Justicia, solicitando una inspección con carácter urgente y la adopción de las medidas que preventivas y correctoras que fueran necesarias.
Desde STAJ recuerdan que la nueva Ciudad de la Justicia de Algeciras es absolutamente necesaria y que durante muchos años viene reivindicando la misma, pero «su construcción no puede realizarse a costa de la seguridad y la salud de los trabajadores» que actualmente mantienen en funcionamiento la Administración de Justicia, debiendo encontrarse alternativas reales que garanticen el normal desempeño de las labores de los órganos judiciales, a la vez que se asegure la necesaria realización y finalización de las obras comenzadas.
Finalmente, el sindicato denuncia que, a las dificultades que ya supone la adaptación del personal funcionario al nuevo modelo organizativo derivado de la implantación de los Tribunales de Instancia, con una carga de trabajo «desproporcionada, carencia de personal y falta de medios básicos», se suma ahora la «preocupación» por las condiciones de seguridad en las que deben desarrollar su trabajo, ya sea como consecuencia de las obras que se ejecutan en las inmediaciones de sus puestos de trabajo, como es el caso de la Audiencia Provincial, o por las condiciones evidentes de inseguridad con instalaciones perimetradas y apuntaladas como es el caso del Palacio de Marzales.