El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha trasladado un comunicado a través de las declaraciones realizadas el pasado 10 de enero por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que afirmó públicamente que el regidor había sido “condenado” o se encontraba “investigado” por un delito de violencia de género.
A través de una nota de prensa, asistido por su letrada, Landaluce ha desmentido de manera absoluta y categórica dichas afirmaciones, asegurando que no ha sido condenado, denunciado ni investigado por ningún delito de esta naturaleza, calificando las palabras de la ministra como falsas y profundamente lesivas para su honor y reputación.
El alcalde confía en que las declaraciones de Montero respondan a un error o imprecisión, aunque advierte de la gravedad que supondría la revelación de una supuesta investigación penal inexistente, un extremo del que asegura no tener constancia alguna. De producirse, señala, se trataría de un hecho de extrema gravedad que podría ser puesto en conocimiento de las autoridades judiciales.
En este sentido, Landaluce ha recordado que una de las obligaciones fundamentales de cualquier miembro del Ejecutivo es respetar escrupulosamente la presunción de inocencia, un derecho fundamental recogido tanto en la Constitución Española como en la normativa europea, incluso cuando se trata de adversarios políticos. A su juicio, imputar públicamente hechos tan graves sin respaldo judicial supone una vulneración directa de este principio y un daño injustificado a su dignidad personal.
Asimismo, el alcalde considera especialmente llamativo que estas afirmaciones provengan de un Gobierno que ha hecho de la lucha contra la desinformación uno de sus ejes principales, utilizando un bulo con fines políticos.
Por todo ello, Landaluce ha requerido formalmente a la ministra para que reconozca públicamente la falsedad de sus palabras, rectifique y pida disculpas, además de abstenerse en el futuro de difundir manifestaciones que puedan considerarse difamatorias o atentatorias contra su honor. Todo ello sin renunciar a emprender las acciones legales que estime oportunas para la defensa de su reputación.