Algeciras Acoge, Asociación ProDerechos Humanos del Campo de Gibraltar y Fundación de Solidaridad Amaranta han expresado su preocupación ante lo que consideran un deterioro creciente del clima social en el Barrio de la Caridad. Según denuncian, en las últimas semanas se han intensificado declaraciones y actuaciones que están alimentando el señalamiento hacia personas migrantes, personas en situación de calle y hacia las propias organizaciones que trabajan en la zona.
Las tres entidades advierten de que determinados mensajes políticos y vecinales están relacionando de forma injusta la diversidad del barrio con problemas de “mala imagen” o inseguridad. Subrayan que convertir a las personas migrantes en chivo expiatorio solo profundiza las tensiones y erosiona la convivencia, y recuerdan la responsabilidad de las administraciones y partidos para frenar discursos que puedan reforzar el racismo y la xenofobia.
En su posicionamiento, las organizaciones inciden en que su presencia en el barrio no responde a ninguna excepcionalidad, sino a la falta de recursos públicos suficientes. Señalan que Algeciras sigue sin disponer de un albergue municipal con capacidad adecuada, ni de programas estables de apoyo a personas sin hogar, ni de servicios básicos como aseos o duchas públicas. “La labor de las ONG no es un problema, sino una garantía mínima de atención humanitaria”, recalcan.
Respecto a las recientes inspecciones y propuestas de cierre de hostales utilizados para alojamiento temporal, las entidades alertan de que estos hechos pueden alimentar la percepción de actuaciones dirigidas contra personas extranjeras. Recuerdan, además, que este modelo de alojamiento ha sido legal y habitual, y que incluso ha sido utilizado por administraciones públicas en años anteriores.
Las organizaciones defienden que la mejora de la convivencia en el Barrio de la Caridad requiere políticas públicas estructurales: programas comunitarios, participación vecinal real, apoyo al comercio local, mejora del espacio urbano y recursos sociales estables. Reducir el debate únicamente a la presencia de personas migrantes o de ONG —señalan— desvía la atención de la responsabilidad institucional y refuerza estereotipos perjudiciales para toda la comunidad.
También apuntan a la necesidad de un mayor equilibrio territorial en la planificación municipal, dado que la elevada concentración de servicios sociales en un único entorno sobrecarga al barrio. Una distribución más diversificada de recursos, sostienen, contribuiría a mejorar el clima comunitario y evitaría que un solo espacio asuma casi en solitario la atención social.
Las entidades concluyen haciendo un llamamiento a una Algeciras “plural, justa y cohesionada”, comprometida con la defensa de los derechos humanos y contraria a cualquier forma de discriminación. Reafirman su disposición a colaborar con las administraciones y el vecindario y solicitan que dejen de difundirse mensajes que puedan contribuir a la criminalización de colectivos en situación de vulnerabilidad.