Podemos en la Provincia de Cádiz ha expresado su firme rechazo ante la puesta en marcha en fase de pruebas del nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras.
La formación considera que esta infraestructura, con una superficie de 20.000 metros cuadrados y capacidad para alrededor de 500 plazas, simboliza una política basada en la criminalización de la migración y en la construcción de un modelo securitario alejado del respeto a los derechos humanos.
El proyecto, aprobado en 2020 y con un coste declarado de 30 millones de euros, representa a juicio de Podemos la Provincia de Cádiz una decisión injusta, opaca y profundamente equivocada desde el punto de vista humano y territorial.
“No es una sorpresa para quienes conocemos las políticas impulsadas desde el Ministerio, pero sí es una decisión inexcusablemente injusta, opaca y profundamente equivocada desde el punto de vista humano y territorial”, ha afirmado Marina Liberato, portavoz provincial. “Lo llamaré con todas las palabras: esto es racismo institucional. Privar de libertad a personas por su situación administrativa mientras se proclaman discursos de defensa de los derechos humanos es una contradicción inaceptable”.
Podemos en la Provincia de Cádiz ha denunciado además la falta de transparencia en el proceso, ya que la apertura en fase de pruebas se ha producido sin comunicación formal al Ayuntamiento de Algeciras. Ha considerado igualmente que se trata de un proyecto caro y equivocado, pues los 30 millones de euros invertidos podrían haberse destinado a atender las verdaderas necesidades sociales del Campo de Gibraltar, una zona que arrastra altos niveles de desempleo, falta de vivienda asequible y carencias en recursos públicos. Según cálculos aproximados, esa cantidad permitiría construir entre 200 y 375 viviendas protegidas, o poner en marcha programas de empleo local y rehabilitación de barrios. “Con ese dinero se podrían haber planteado alternativas sociales y productivas reales para la comarca”, han insistido desde la organización, que ha reclamado explicaciones sobre las prioridades presupuestarias del Gobierno.
Diversas organizaciones sociales han advertido que la apertura de un macro centro de internamiento refuerza una visión criminalizadora hacia las personas migrantes y normaliza la privación de libertad por razones administrativas. Podemos en la Provincia de Cádiz ha señalado que la política pública debe orientarse a garantizar derechos, acceso a protección internacional, integración laboral y vivienda, y no a la construcción de grandes centros de encierro que vulneran principios básicos de dignidad y no discriminación.
La formación ha subrayado además la contradicción entre el discurso del Gobierno y sus decisiones. Resulta insostenible, han señalado, defender los derechos humanos en palabras mientras se impulsan instalaciones como esta y se mantiene paralizada la Iniciativa Legislativa Popular sobre la regularización extraordinaria, admitida a trámite en 2024 y aún sin resolución definitiva. Para Podemos en la Provincia de Cádiz, esta incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace exige respuestas públicas y medidas concretas.
“Si este Gobierno realmente cree en los derechos humanos, que lo demuestre. Detengan la política de macro internamientos y conviertan esa inversión en programas de vivienda social, en creación de empleo para las familias del Campo de Gibraltar y en recursos públicos para la salud y la atención social. No pedimos caridad. Pedimos coherencia, dignidad y justicia”, ha concluido Marina Liberato.
Podemos en la Provincia de Cádiz ha reclamado al Ministerio del Interior transparencia inmediata sobre el proceso de apertura, explicaciones sobre el uso del presupuesto y la coordinación institucional, la suspensión de nuevas políticas de internamiento masivo y un impulso real a la regularización extraordinaria de las personas migradas que viven y trabajan en España. Asimismo, ha exigido una revisión de las prioridades presupuestarias y la reasignación de fondos hacia vivienda, empleo y atención social en una comarca que sufre desigualdad estructural.