La Residencia Tiempo Libre de La Línea pasará a manos privadas, lo hará a través de una concesión administrativa. Mientras se llevan a cabo esos trámites, el inmueble permanecerá cerrado y la Junta de Andalucía anuncia la reubicación de los 88 empleados públicos que trabajaban en el edificio, aunque sin dar detalles de cuándo ni dónde. El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Daniel Sánchez Román, ha mantenido este martes, 14 de noviembre, una reunión con el alcalde de La Línea, Juan Franco, que asume el cierre de la residencia cuando el deseo era que ésta diera servicio todo el año -hasta ahora lo hacía en época estival- y ha mostrado su preocupación por el tiempo que el edificio pueda estar sin uso.
Aunque tanto el alcalde como los representantes de la Junta de Andalucía se negaron a atender y contestar las preguntas de los medios de comunicación, en un audio remitido tras la reunión se informó del cierre de las seis residencias de tiempo libre que la Junta tiene ubicadas en seis de las ocho provincias, una de ellas de la de La Línea, la conocida popularmente como Burgo Turístico. "La perspectiva de la residencia de La Línea es una concesión administrativa o fórmula similar que garantice el mantenimiento de las camas hoteleras en nuestra ciudad", ha declarado Juan Franco, que ha hablado de "incipientes pasos" y ha reclamado "tiempo para ver cómo se afronta esta situación". "Tenemos el toro cuadrado, tenemos cosas pendientes de definir y estamos a la espera de más información y esperemos que en breve la residencia esté abierta durante toda la temporada", ha añadido Franco, que no ha ocultado que hay cuestiones que preocupa, "como el tiempo que pueda estar cerrado este edificio tan emblematico".
El delegado territorial, que estuvo acompañado por el subdelegado del gobierno de la Junta de Andalucía en la comarca, Javier Rodríguez Ros, anunció reuniones con sindicatos y la Consejería de Empleo para tratar la reubicación de los 88 trabajadores. La intención de la Junta de Andalucía es, según dice, hacerlo todo de manera "ágil y en favor de los intereses de la ciudad y los trabajadores". Ya hay voces, como la del socialista Juan Carlos Ruiz Boix, que señalan que podría tardarse hasta cuatro años en realizar la concesión administrativa.