La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía recuerda a las personas usuarias de empresas eléctricas y comercializadoras que la solicitud de renovación del bono social eléctrico finaliza el 31 de diciembre de este año. Mediante esta iniciativa, las familias más vulnerables pueden acceder a descuentos en la factura de la luz que van desde el 25 al 40 por ciento del coste total mensual. Para quienes quieran solicitar el bono social por primera vez no existe un plazo definido y se puede requerir en cualquier momento.
La documentación que hay que aportar para solicitar el bono social eléctrico es la siguiente: fotocopia del NIF o NIE de la persona titular del punto de suministro o, en su caso, de todos los miembros de la unidad familiar; certificado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto, de la persona titular del punto de suministro o de todos los miembros de la unidad familiar; libro de familia o, en su caso certificación de la hoja individual del Registro Civil oportuno, en el caso de las unidades familiares; copia del título de familia numerosa en vigor, en el caso de familias numerosas; certificado o documento acreditativo expedido por los servicios sociales del órgano oportuno, en el caso de que aplique alguna de las denominadas circunstancias especiales (discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento, situación de violencia de género o condición de víctima de terrorismo).
Ante cualquier duda o consulta sobre este tema el usuario puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, de la página web www.consumoresponde.es, del correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.es o del perfil de Twitter @consumoresponde.
También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.