La Asociación de Empresas de la Costa de Cádiz (Aecca) confía en que pueda encontrarse una solución a la sentencia que pone en riesgo la continuidad de varios chiringuitos de Tarifa una vez finalice la temporada de verano. Así lo ha explicado su presidente, Antonio Guerrero, en una entrevista concedida a 8Directo, en la que ha defendido que el sector se encuentra ante una situación de “inseguridad jurídica” provocada por un conflicto entre administraciones.
Guerrero ha señalado que la sentencia procede de un contencioso administrativo interpuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica contra la Junta de Andalucía, en relación con las modificaciones sustanciales de concesiones que permitían a determinados establecimientos de playa permanecer abiertos durante todo el año.
En este sentido, el presidente de Aecca ha explicado que el sector se considera un “tercero perjudicado” dentro de lo que califica como una “guerra entre administraciones de distintos colores”. Según ha detallado, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no entra en el fondo del asunto, sino que retrotrae el procedimiento administrativo al momento de las consultas previas entre administraciones, anulando la resolución que permitió en su día esas modificaciones.
El conflicto afecta a una veintena de chiringuitos de la costa gaditana, principalmente en Tarifa y Rota, que podrían verse obligados a desmontar sus instalaciones una vez concluya el verano si no se logra desbloquear la situación.
El origen del problema se remonta a la modificación realizada al amparo del reglamento de Costas vigente en aquel momento, que permitió la apertura durante todo el año de establecimientos desmontables ubicados en la playa. Para Aecca, esta medida resulta clave para avanzar en la desestacionalización del turismo, especialmente en municipios como Tarifa, donde los chiringuitos forman parte esencial de la actividad económica, turística y laboral del litoral.
Guerrero ha insistido en que estos establecimientos son instalaciones desmontables, ya que pueden retirarse al final de su vida útil, y ha defendido que no se trata de construcciones fijas como las existentes en otras zonas del litoral andaluz. Por ello, tanto el sector como la Junta de Andalucía entendían que no era necesario abrir una ronda adicional de conversaciones con el Ministerio antes de resolver las concesiones.
No obstante, la sentencia considera que el procedimiento no se completó hasta el final y que debía haberse producido ese trámite de consulta entre administraciones. Esta interpretación ha generado preocupación entre los empresarios por las consecuencias que podría tener sobre las inversiones realizadas, el modelo de negocio y la estabilidad de los trabajadores.
Aecca mantendrá el próximo 2 de julio una reunión con el Ministerio, en la que pedirá que se aplique el sentido común y que se retome el expediente en el punto señalado por la sentencia. La asociación también mantiene conversaciones con la Junta de Andalucía, con la que asegura ir “de la mano” en este proceso.
“Creemos que no va a ser tan complicado y que no va a llegar la sangre al río”, ha trasladado Guerrero durante la entrevista con 8Directo, mostrando su confianza en que la situación pueda resolverse de forma favorable y en un plazo breve.
Aun así, Aecca ya está realizando las consultas jurídicas necesarias para defender los intereses del sector y tomar las medidas oportunas si finalmente no se alcanza una solución satisfactoria. Desde la asociación insisten en que los chiringuitos afectados necesitan seguridad jurídica para poder mantener su actividad, sus inversiones y el empleo durante todo el año.